En esa fecha comienza uno de los juicios más famosos de la historia de la lucha del pueblo vasco por sus libertades. También uno de los patinazos más estrepitosos del fundamentalismo españolista, que resulta ser el finalmente juzgado y duramente condenado por la sociedad vasca y buena parte de la comunidad internacional. Lo que pretendía ser un escarmiento ejemplar se convierte en un acicate para los elementos vascos más combativos. La lucha resulta absuelta mientras se castiga duramente con el rechazo y la deslegitimación la estrategia represiva que niega la existencia de unas reivindicaciones políticas justas.

Cuarenta años después, el Estado español sigue persiguiendo, deteniendo, encarcelando y juzgando a ciudadanos vascos por sus ideas políticas. Se repiten los macrojuicios y las grandes condenas. La maquinaria represiva sigue su marcha pese a su incapacidad para acabar con el independentismo vasco, mucho más maduro, fuerte, organizado y estratégicamente pertrechado que en 1970. Entonces, el desafío era el «separatismo». Ahora es la «separación», una perspectiva de futuro real que inquieta a los gobernantes españoles tanto o más que el reto de la lucha del pueblo vasco cuando comenzó aquel juicio.

Un juicio, por otra parte, contra una ETA que atravesaba, curiosamente, uno de los peores momentos de su historia desde el punto de vista de su capacidad operativa y su coherencia interna. En una demostración de la perspicacia de los franquistas, el proceso ayudó a ETA a solventar esa crisis resurgiendo con nuevas fuerzas y logrando una notable legitimidad y referencialidad social y política.

Han cambiado muchas cosas desde entonces, pero otras no tanto. Los acusados eran perseguidos por acabar con la vida de Melitón Manzanas, cuya memoria es defendida por la legislación española. Pero algunas tendencias se han mantenido, como la estrategia de manipulación informativa. En un escrito del jefe del Gabinete de estudios de la Dirección General de Prensa al Subdirector General de Prensa sobre unas propuestas para actuación en torno al jucio de Burgos, hay afirmaciones como la siguiente: «todos nuestros Consejeros, Agregados y, donde sean utilizables, los Directores de Oficinas de Turismo, deberán realizar una campaña de contacto personal con los medios, prometiendo o amenazando, según los casos, pero buscando en todo momento la colaboración, la abstención o la neutralidad informativa sobre el tema». En el documento se sugiere «realizar una discreta campaña de difusión» sobre «el problema del separatismo vasco y su acción terrorista, poniendo el acento en temas sensibles como peligrosidad para víctimas inocentes, niños, etc. Asesinato de M. Manzanas, novelando un poco para hacer resaltar la crueldad y la falta de piedad de los terroristas». Y también otra «discreta campaña divulgadora de temas conexos, para preparar `documentalmente' a la opinión pública».

No son revelaciones de Wikileaks, sino documentos del régimen franquista, pero nos ayudan a entender la agenda oculta del estado español. La de 1970 y la actual.