El mecanismo REDD+ (Reducción de las emisiones debidas a Deforestación y a la Degradación de los bosques), es presentado como uno de los raros «frutos maduros» que podría ser objeto de un acuerdo durante las negociaciones en el marco de la cumbre sobre el clima que se celebra en Cancún, México, con la participación de más de 190 países, pero de las que están siendo excluidos los pueblos indígenas y las organizaciones defensoras del medio ambiente.

Esta herramienta contempla el pago de compensaciones financieras a los países que tienen importantes extensiones selváticas y tropicales, como Brasil, Indonesia o los países de la cuenca del Congo, para que frenen la deforestación o la degradación de sus bosques y los protejan. Se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero ligadas directamente a la deforestación rondan el 20% del total.

Pero sólo el 9% de las selvas del mundo son propiedad legal de los pueblos indígenas. Esto podría implicar que en nombre de la protección de los bosques se les impongan a las comunidades indígenas decisiones contrarias a sus intereses vitales, como el monocultivo en el marco de la reforestación, la prohibición de cazar en áreas protegidas o, en casos extremos, la expulsión de sus tierras ancestrales.

Sus detractores advierten de que sin salvaguarda de los derechos indígenas, el REDD+ puede significar la transformación de las selvas en meros «valores económicos» y defienden que este mecanismo, en lugar de ser una imposición, sea una «herramienta para los pueblos indígenas en cuanto a los derechos a la tierra y al territorio».

La negociación en torno al REDD+, un acuerdo hace un año en la fracasada reunión de Copenhague, debía comenzar ayer, cinco días después del inicio de la cumbre y a falta de unos pocos más para su conclusión.

Cada mañana, en Cancún, se reúnen representantes de pueblos indígenas, sobre todo de América Latina, pero también de África y Asia, para estudiar la mejor forma de presionar para que el REDD+ incluya una «cláusula de salvaguardia» que exige «el consentimiento libre, previo e informado» de las comunidades indígenas en la aplicación de medidas contra la deforestación, y piden que integre también la Declaración de la ONU sobre los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas.

Pero crece la desconfianza sobre si en negociación se evocará la «participación» de los pueblos indígenas, ya que el proceso del REDD+ está limitado sólo a las delegaciones de los estados.