Las enciclopedias y diccionarios definen los movimientos por los derechos civiles como una realidad que cobró fuerza en todo el mundo sobre todo en el periodo 1960-1980. Como referencia principal ha quedado quizás la lucha por la superación de la discriminación racial en los Estados Unidos, lanzada por aquel gesto valiente de una mujer llamada Rosa Parks en un autobús y liderada después por Martin Luther King o por Malcolm X. Iniciativas similares contra apartheids basados en criterios racistas son las de Sudáfrica o, un par de décadas antes, la India, con Nelson Mandela y Mahatma Ghandi como exponentes principales.

Mucho más reconocible desde Euskal Herria es el caso de Irlanda, aunque ya esté muy lejano aquel 1967 en que nació Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA), decidida a reivindicar para los católicos las mismas oportunidades que para los protestantes. Sus objetivos eran muy básicos: «Una persona, un voto»; fin de la discriminación en los gobiernos locales; fin de la influencia ilegal de los protestantes en los comicios, que limitaba el voto católico; desmantelamiento de los B-Specials, considerados un cuerpo policial sectario; y fin de la discriminación en el acceso a la vivienda. Aquel movimiento fue combatido a sangre y fuego -ahí quedaron las trece víctimas mortales del «Bloody Sunday» de 1972-, pero hoy día sus objetivos están plenamente realizados. También los movimientos por los derechos civiles y políticos en Estados Unidos o Sudáfrica han perdido ya casi todo su sentido.

Siguen vigentes dinámicas de este tipo en Palestina o el Sáhara. También, de modo puntual, en algunas partes del llamado mundo occidental, como en Arizona, donde ha surgido un pujante movimiento por los derechos civiles frente a la polémica Ley de Inmigración. Pero es una rareza histórica y una pecularidad mundial que en un punto de Europa llamado Euskal Herria la ciudadanía deba seguir agrupándose para reivindicar derechos equiparables a los que demandaba el NICRA en Irlanda. Iniciativas como la presentada ayer en Durango no son estrambóticas ni artificiales. Lo atestigua la realidad diaria (vetos a movilizaciones, ilegalizaciones, torturas, amenazas...) y lo confirmó la participación de nada menos que 46.000 personas en la manifestación de Bilbo del pasado 2 de octubre.

La ilegalización es más que Patxi López

El movimiento por los derechos civiles que puso ayer sus bases no podrá ser descalificado fácilmente. Sus enunciados demuestran que no se trata de una iniciativa de parte, sino que hace una lectura integral de la situación. Y desde allí señala responsabilidades claras para alcanzar el estadio mínimo del ejercicio de los derechos civiles y políticos en Euskal Herria, que es su único objetivo: emplaza tanto a la organización ETA como a los estados español y francés para que dejen de lado las vulneraciones de los mismos, e insta también a la ciudadanía vasca para que sea «el principal protagonista colectivo» de este tránsito a partir de la participación y la movilización.

La razón de ser de esta demanda ha quedado de manifiesto, sin ir más lejos, esta semana. El anuncio de la izquierda abertzale de que constituirá una nueva formación política basada en la apuesta exclusiva por las vías políticas, pacíficas y democráticas, y con el compromiso de rechazar todo tipo de acciones violentas incluidas las coacciones, ha sido respondido desde PSOE y PP con el archisabido «es insuficiente» y con la reafirmación de la estrategia de la ilegalización. Con ello buscan enquistar un escenario sin derechos civiles y políticos que les ha otorgado réditos partidistas como el acceso al Gobierno de Lakua y muchos ayuntamientos en los últimos tiempos. Pero limitar su objetivo a esta cuestión meramente de poder, como hace el PNV, resulta muy reduccionista. La ilegalización no sólo es grave porque ha llevado a Patxi López a Ajuria Enea; lo es, sobre todo, porque busca cortocircuitar la demanda social del derecho a decidir de Euskal Herria, alterando artificialmente las mayorías políticas e institucionales.

Una trampa doblemente inasumible

La evolución de los acontecimientos permite intuir que esta cuestión de la ilegalización, junto a la del respeto a los derechos de los presos, puede ser la principal batalla a corto plazo para el logro de los derechos civiles y políticos en Euskal Herria. Y lo será, ya sin duda alguna, si ETA da respuesta positiva a los emplazamientos de la Declaración de Bruselas y el Acuerdo de Gernika, como le piden los impulsores de este movimiento. Esta realidad hace urgente el reposicionamiento de ciertos partidos vascos que siguen haciendo la vista gorda ante esa estrategia ilegalizadora que es una trampa política bajo argumentos éticos.

PSOE y PP impulsaron en su día la Ley de Partidos o los macrosumarios con un discurso -la violencia es incompatible con la política- que era cuestionable entonces, pero que cada vez más claramente va perdiendo todo su sentido a la luz de los movimientos decididos de la izquierda abertzale. Por eso, empecinarse en la ilegalización no es ya una trampa ética, sino sobre todo una trampa política que nadie que se llame a sí mismo demócrata debe asumir, y menos aún si además de demócrata se define como abertzale.