El Tribunal Supremo ha fijado una indemnización de 20.000 euros para un recluso que permaneció «injustificadamente» durante 314 días en prisión; el tribunal ha reconocido el «daño moral» que sufrió el afectado y ha apreciado un «anormal funcionamiento» de la Administración de Justicia.

Pablo Guisasola, que contaba con numerosos antecedentes delictivos y un complejo historial carcelario, solicitó su licenciamiento definitivo por redenciones ante diversas instancias y órganos judiciales. En octubre del 2000 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Nafarroa estimó su queja, de tal forma que en noviembre un Juzgado de Valencia, el último que había dictado una sentencia sobre este recluso, acordó su libertad y licenciamiento definitivo con efectos retroactivos al 12 de febrero. Fue puesto en libertad el 21 de diciembre de ese año.