El Estado español celebró ayer el 32º aniversario de su actual Constitución bajo el estado de alarma decretado para solventar la crisis de los controladores aéreos y acechado por los especuladores internacionales, que apuestan con fuerza a que Madrid tendrá que pedir ayuda extraordinaria a la Unión Europea y a los organismos internacionales para poder hacer frente a su deuda. El Estado español ya conoce las consecuencias de ese tipo de medidas, puesto que la situación socioeconómica que padece proviene en gran parte del desarrollo de políticas en ese mismo sentido y bajo el auspicio de esos mismos organismos: un desempleo cada vez más estructural asociado a su vez a la precarización galopante del empleo, la privatización de sus empresas públicas acompañada de la entrada masiva de capital extranjero en los sectores económicos más rentables y, sobre todo, el recorte progresivo de un estado de bienestar que nunca llegó a estándares europeos. La involución política y económica que han provocado este subdesarrollo en el Estado español han ido de la mano en estas tres décadas, tal y como suele subrayar el profesor catalán Vicenç Navarro.

En este contexto es lógico que a aquellos que durante estas tres últimas décadas -también durante las anteriores- han reivindicado la independencia de Euskal Herria como el modo más directo, eficaz y viable para lograr una alternativa cultural, social y política, se sumen ahora nuevas voces que descubren la urgencia de ese reto político que se concreta en la creación del Estado vasco.

Durante la última década se estableció en el lenguaje político español una falsa dicotomía que enfrentaba a constitucionalistas españoles, por un lado, y a nacionalistas vascos, por otro. Sin embargo, los nacionalistas vascos son, por definición, constitucionalistas, si bien de una Constitución que está aún por escribir. Más dudoso es que los constitucionalistas españoles sean nacionalistas, no ya porque su obsesión es negar y subyugar al resto de realidades nacionales del Estado, sino porque además muestran un absoluto desprecio por el bienestar de sus ciudadanos.