Dos días después de acudir a las Juntas Generales para tratar de justificar el rescate apresurado de la concesión de los Túneles de Artxanda, que ha supuesto endosar a las arcas públicas una deuda de 62,5 millones de euros, la titular de Transportes y Urbanismo anunció ayer la aprobación del nuevo decreto que regulará los peajes en el tramo vizcaino de la AP-8 a partir de enero. Itziar Garamendi habló de reducciones «muy importantes», acompañadas de ayudas a los conductores que habitualmente utilizan esta autopista.

En rueda de prensa, Garamendi explicó que las nuevas tarifas para los vehículos ligeros, con respecto a las actuales y según los diferentes tramos, «registrarán variaciones que van desde descensos superiores al 35% -en el tramo Galdakao-Zornotza- a ligeros incrementos del 2% -en el recorrido Galdakao-Ermua».

Además, a los conductores que efectúen recorridos entre el peaje de Zornotza-Boroa y cualquier otro peaje de la AP-8 en Bizkaia, y siempre que utilicen el OBE como medio de identificación y pago, se les devolverán 74 céntimos por recorrido, que será abonado mensualmente en la cuenta vinculada al dispositivo. Otra modalidad de rebaja para los habituales de la vía será a partir del décimo viaje par -de ida y vuelta-, siempre que coincidan los recorridos de ambos, con subvención del 60%, y hasta el 100% a partir del vigésimo viaje, excluido el IVA.

Garamendi subrayó que esa nueva política de peajes es fruto de la nueva norma foral que, en octubre, aprobaron PNV, PSE, PP y EA. Desde la izquierda abertzale, ayer mismo, su juntera Begoñe Agirre exigió no más rebajas, sino la gratuidad completa, «por ser una infraestructura amortizada hace ya muchos años», y denunció que el dinero que se obtienen en las cabinas ha sido utilizado para la construcción de la Supersur.

Por cierto, Supersur y Túneles de Artxanda tendrán sus respectivas tarifas, por lo que las de las primeras no se conocerán hasta dentro de unos meses, cuando se abra al tráfico.

Agirre insistió en que el peaje es «un agravio para los vizcainos de Lea-Artibai, Durangaldea y Busturialdea, únicos a los que se obliga pagar desplazamientos hacia otras comarcas y hacia el área metropolitana de Bilbo». «El mantenimiento del peaje -añadió la apoderada- sólo sería aceptable si respondiera a criterios de sostenibilidad».