El Fenómeno de los niños sicario en México: ¿peligro latente o distorsión interesada?
«El Ponchis». Un niño que a sus escasos 14 años es el sicario más joven y sanguinario. Engrosaba las filas del Cártel del Pacífico Sur y degollaba y cortaba los genitales a sus víctimas. Así le presentaron los grandes medios, pero ¿hasta qué punto es esa imagen fiel a la realidad?
La llamada guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente mexicano, Felipe Calderón, está a punto de cumplir su cuarto aniversario. En el actual clima de descomposición política y social que se vive en este país norteamericano, las cifras reflejan a las claras la situación: desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 30 de octubre, entre 1.060 y 1.200 menores de edad perdieron la vida en el marco esta estrategia, según el análisis de 96 organizaciones sociales. De acuerdo a estos datos, entre 30.000 y 50.000 niños quedaron huérfanos, 10.000 de ellos sólo en la localidad fronteriza con EEUU de Ciudad Juárez.
En el Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños referente a la participación de los jóvenes en conflictos armados, la Red por los Derechos de la Infancia en México apunta que «el número creciente de las víctimas de la violencia, generada por criminales e incluso en ocasiones por la respuesta incontrolada de la Policía o de las Fuerzas Armadas, motiva a revisar la viabilidad de la política de seguridad del Gobierno actual».
Este protocolo fue presentado ante la ONU en Ginebra el pasado mes de junio y busca identificar los cambios que deberían darse en la legislación federal para proteger de una manera real y efectiva a los niños para evitar que sean partícipes de los enfrentamientos armados y violentos que cada día se registran en territorio mexicano.
GARA contactó con el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, quien destacó que la participación de los adolescentes en esta sangrienta batalla por el control de las redes de lo ilegal refleja que «las propias leyes y el Estado mexicano han fallado en sus compromisos institucionales para proteger a niños y niñas de la producción, el tráfico y el consumo de enervantes».
El Estado mexicano, como prácticamente todos los países del mundo excepto Somalia y Estados Unidos, suscribió la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU. Este tratado, en su artículo 33, establece que «los adultos deberán proteger a los menores del uso o tráfico de drogas».
Aunque la novedad de casos como el de Édgar Jiménez, El Ponchis, -detenido el pasado 4 de diciembre- podrían inducir a error y llevarnos a pensar que la participación de los niños en el narcotráfico es algo nuevo, para nada es así, sino que viene muy de atrás.
Del tráfico al consumo
El consumo de sustancias en el país se transformó hace aproximadamente 20 años, según explica Pérez García. México pasó entonces de ser un país de tránsito a convertirse en un país productor. Hace unos 15 años, las mafias dejaron de pagar en efectivo a las personas implicadas y empezaron a pagarles «en especias, con droga. Esto significó que tuvieron que crear un mercado interno de consumo, que creció notablemente, para poder obtener beneficios», añade, en conversación telefónica.
Fue justo entonces cuando se empezó a hacer notable la participación de menores en delitos de orden federal. Sin embargo, y a pesar del largo tiempo transcurrido desde entonces, «se ha hecho muy poco», estima la organización civil.
«Es importante señalar -sostiene- que hace aproximadamente cinco años se hizo una reforma del artículo 18 constitucional, para crear un sistema de penal de justicia juvenil, pero quedó inconclusa». Por tanto, indica Pérez García, «hay un vacío jurídico y no existe un mecanismo para que los adolescentes que cometen un delito federal puedan ser procesados en un sistema especial».
Actualmente, son los estados de la República mexicana, con sus propias leyes estatales, quienes dan tratamiento a cada uno de los casos y, en algunas ocasiones, incluso encarcelan a los menores de edad.
Reclutamiento a dos bandas
No hay duda de que las cifras sobre los menores de edad fallecidos a causa del tráfico de drogas son alarmantes, pero no lo son menos los datos relativos al reclutamiento de niños, tanto por parte del crimen organizado como por el mismo Ejército.
Según documentaba el informe presentado por la Redim ante Naciones Unidas, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) empleó en 2009 a menores de edad que estaban realizando el servicio militar anticipadamente para participar en la erradicación de cultivos de marihuana y amapola.
La legislación federal mexicana no prohíbe el reclutamiento de menores de edad ni lo sanciona. Esto significa, según Pérez García, que «un adolescente que está en una escuela militar se rige por la justicia militar», lo cual «viola el sentido de la Convención».
A juicio de la asociación defensora de la infancia, el Estado mexicano hace primar su particular guerra por el control del narcotráfico «por encima de la vida y los derechos de la población más vulnerable».
El tema de fondo en este delicado asunto es el siguiente: ¿Qué opciones o alternativas tienen los niños para elegir un camino diferente al de las armas en cualquiera de las dos vertientes -Ejército y delincuencia ligada al narcotráfico-?
Labores de halcón
Como cabe imaginar, no existe un recuento público y oficial sobre la cantidad de adolescentes que a día de hoy engrosan las filas del llamado crimen organizado. El especialista mexicano en la cuestión Edgardo Buscaglia calcula que podrían ser unos 30.000.
Entre sus quehaceres en el seno de los cárteles están principalmente las labores de información. Halcones, se les llama. Su tarea es estar alerta y avisar cuando llega la Policía o el Ejército. «La prensa, que es casi la única fuente con que contamos, hay muy pocos casos de adolescentes sicarios», advierte la Redim.
El caso de un sicario de doce años ha dado la vuelta al mundo a pesar de que organizaciones civiles aseguran que ni siquiera es él quien protagoniza los videos difundidos.
«Tenemos claro que detrás [de la difusión de estos vídeos] hay toda una intención», indica el director de la Redim, y no oculta su preocupación por que el Estado mexicano, «en lugar de asumir sus responsabilidades», permita que «autoridades de rango medio estén filtrando esta información a los medios de comunicación» con el objetivo de «generar una condición propicia que permita legislar en contra de los niños».
Víctimas y victimarios
Esta ONG emitió una nota al conocer la filtración de esas imágenes que, a su juicio, son «un medio para estimular las voces que vuelven en `victimarios' y `peligrosos'» a quienes son «víctimas de la explotación de grupos delictivos y de la omisión del Estado en su responsabilidad como prioridad».
Por todo esto, las organizaciones civiles reclaman la creación de una defensoría del niño, autónoma y nacional, que identifique los hechos que atentan contra los derechos de los más pequeños y que pueda buscar los cambios legales necesarios para evitar que se den estas violaciones.
Ruben PASCUAL
«Estamos dispuestos a pactar una tregua, no queremos ser acorralados como viles perros y ser ajusticiados de manera injusta por unas fuerzas que deben servir a la nación», plantó el cártel mexicano La Familia Michoacana en un comunicado difundido recientemente y citado por «La Jornada».
En su escrito, la organización acusó al cártel Los Zetas de los crímenes cometidos contra la población michoacana. En esa línea, reiteró que La Familia nunca ha involucrado a los civiles «en un negocio que tiene hombría, moral y negocio».
Asimismo, preguntaron al presidente mexicano, Felipe Calderón, si se ha puesto a pensar en que «terminado su sexenio ni él ni su familia podrán vivir en paz en el país», y dieron a conocer una lista de funcionarios y objetivos que en las próximas semanas podrían ser víctimas de Los Zetas.
En el cuarto ofrecimiento en un año, señaló que «nunca hemos matado mujeres y niños inocentes; nosotros ponemos orden donde el abuso y la crueldad han dañado a nuestra familia y agrega que las ejecuciones cometidas fueron para ajusticiar a quienes rompieron las reglas del tráfico de drogas, un negocio inevitable por las condiciones sociales, económicas y políticas en que surgió». GARA
Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de octubre de 2010:
- Entre 25.000 y 35.000 menores han sido reclutados por el narcotráfico.
- La edad media de ingreso es de entre 12 y 15 años.
- Entre 1.060 y 1.200 menores han muerto en la guerra contra el crimen.
- Entre 30.000 y 50.000 han quedado huérfanos, 10.000 de ellos sólo en Ciudad Juárez.
- El incremento de la tasa de homicidios en los estados del norte se ha triplicado en solo un año, especialmente en el segmento de 15 a 17 años.
Fuente: Redim
Ejecuciones de niños y adolescentes:
- Mueren dos menores 14 años cada día en el país.
- El 10% de esas muertes son producidas por armas de fuego.
- En 2007, perdieron la vida por homicidio 126 niños.
Fuente: Save the children.
La violencia aumenta, según la ONU, en aquellos territorios que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y pleno respeto a los derechos humanos.
Carlos Fazio (Montevideo, 1948) es un periodista de origen uruguayo radicado en México. Es un reconocido analista político y columnista del diario mexicano «La Jornada», y también ejerce de profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta entrevista con GARA habla de la relación entre narcotráfico y política en el país.
Es un tema que no he seguido demasiado, porque creo que no aborda la esencia del problema.
Pero la implicación de los niños en esta guerra es un síntoma más de que la estrategia del Gobierno ha fallado...
Sí, claro. Pero el planteamiento general es que no hay una guerra contra el narcotráfico, sino una guerra por el control del negocio contra la criminalidad.
Lo que hay en México es un enfrentamiento del Estado contra algunos cárteles de la economía criminal cuyo objetivo no es terminar con el negocio, sino administrarlo, regularlo. Si habláramos de los niños sin entender este concepto, no se entendería la esencia del problema.
¿A cuándo se remonta esta situación?
Desde los años 90, en la época de Carlos Salinas de Gortari, se fue conformando un Estado de tipo delincuencial y mafioso. Las muertes en esa época del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio [PRI], de un cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal [Juan Jesús] Posadas, y el asesinato de [el presidente del PRI, José Francisco] Ruíz Massieu, fueron crímenes de Estado, pero quisieron decir que las mafias del PRI ya no se ponían de acuerdo por la vía de la negociación y comenzaron a matarse.
En la transición hacia Zedillo y hacia Fox, del PRI al PAN, a la vez que se fue desmantelando el viejo Estado paternalista y benefactor –lo que alguien definió como un capitalismo de compadres–, estructurando un Estado de tipo cleptocrático, de ladrones. Durante los gobiernos del PRI, el partido casi único, controlaban desde arriba las redes de la criminalidad. Al ganar el PAN, hay un vacío de gobernabilidad donde los espacios son llenados por los poderes fácticos y por las viejas mafias del antiguo pacto priísta.
En este panorama, ¿qué es la delincuencia organizada?
Lo que se denomina como delincuencia organizada es parte del Gobierno de turno y hoy hay más gente que coincide con que esta delincuencia es la cara sucia del Estado.
No se pueden explicar los actuales niveles de violencia sin entender que en el origen de estos cárteles hay una relación orgánica de la criminalidad con las élites empresarial y política. En este marco general, el tema de los niños es un dato más.
Pero, ¿cómo se da ese salto?
Ante la profundización de la violencia, los cárteles, que cuentan con el apoyo de distintas estructuras del Estado, recurren también al uso de jóvenes y aparecen historias como la del niño sicario de 12 años. Puede ser que existan, pero son una excepción. Sí que podemos encontrar a adolescentes de 17, 18 ó 19 años que comienzan una carrera delictiva.
En México, 70 de los 100 millones de habitantes viven en la pobreza, y más de 50 en una pobreza casi extrema. En este país de corruptos, de cínicos, de impunes, para muchos jóvenes sin futuro, la imagen de un narcotraficante –con armas de gran poder y grandes carros– es un referente que, ante la imposibilidad de poder estudiar o tener trabajo, puede llevarlos a entrar en bandas criminales con la expectativa de poder vivir unos días, unos meses o unos años de gloria y, si les va bien, sobrevivir.
El Gobierno acaba de aprobar un aumento del 8,2% en el presupuesto para la seguridad nacional. ¿A más millones aún más muertos?
El presidente, Felipe Calderón, no fue puesto en Los Pinos para profundizar la democracia, sino para llevar al país a mayores cauces de violencia; pero no fue él quien diseño esta guerra, sino el brazo operativo de la Iniciativa Mérida, que supeditó la entrega de armamento y ayuda por parte de EEUU a la organización de esta guerra.
Destinar más dinero a los organismos de seguridad no va a solucionar el problema de fondo, porque ni Calderón ni EEUU quieren terminar con el negocio de la economía criminal, la cual explica que un país que desde 1982 no ha tenido crecimiento ni generación de empleo pueda seguir funcionando.
¿Está de acuerdo con quienes dicen que México está como Colombia en los 90?
No, yo digo que México entró en una fase de colombianización, pero no como hace 20 años, sino como en la época de Uribe. Estamos aterrizando en políticas de paramilitarización y mercenarización del Estado. Colombia fue el laboratorio de la guerra del siglo XXI que está instrumentando EEUU en Irak y en Afganistán. Todo esto se está reproduciendo actualmente en México.
Los esquemas de represión son de tipo contrainsugente. Se militariza y paramilitariza el país, no para acabar con el negocio de las drogas, sino para acabar de forma preventiva con grupos que puedan llevar al país hacia un cambio de tipo progresista e izquierdista, como ha pasado, por ejemplo, en Ecuador o Bolivia. R.P.
