El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación presentado por ELA, al que se sumó el sindicato gallego CIG, y anuló «por ilegal» la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) «para poder trabajar en el sector» en el ámbito del Estado español a partir de diciembre del próximo año, según los requisitos iniciales.

El secretario general, Adolfo Muñoz, «Txiki», el secretario de la Federación Hainbat, Gurutz Gorraiz, y la secretaria de Salud Laboral, Leire Txakartegi, explicaron que el alto tribunal ha reconocido, además, que el Convenio Colectivo General de la Construcción de ámbito estatal «ha vulnerado el artículo 84.3 del Estatuto de los Trabajadores al excluir la posibilidad de negociar la materia de la seguridad y salud laboral en los convenios provinciales».

El fallo es muy importante dado que el Gobierno de Gasteiz, «los anteriores y los actuales responsables» según Txiki Muñoz, aceptaron ese modelo estatal basado en el impulso de un modelo privado a través de la Fundación Laboral de la Construcción, de tal manera que para trabajar en ese sector había que pasar por la ventanilla de la fundación, en manos de la patronal de la Construcción, de CCOO y de UGT.

Lluvia de subvenciones

A cambio, el Gobierno español y, también en el caso de Osalan que firmó un convenio, financiaron ese organismo. Leire Txakartegi destacó que se han traspasado 47,8 millones en 2008 a la fundación; otros 45,8 millones, en 2009 y 41,4 millones más, en 2010 desde las arcas del Gobierno español. «Pero, para 2011 el montante de dinero que maneja la Fundación Laboral de la Construcción asciende a 92,4 millones, cuya principal gestión es la Tarjeta Profesional de la Construcción», precisó.

Leire Txakartegi, además, explicó que Osalan firmó en julio de 2009 un convenio con la Fundación Laboral estatal de la Construcción. Se acepta esa centralización y fue uno de los motivos de la salida de ELA de ese organismo, junto a LAB. Osalan pagó 380.000 euros a esa fundación en 2009 y en 2010, otros 340.000 euros «en una coyuntura económica difícil» y «teniendo en cuenta que recortaron el presupuesto de Osalan en un 43%». Además «es una grave delegación competencial del Gobierno de Gasteiz», precisó.

Gurutz Gorraiz explicó que la patronal, CCOO y UGT han pretendido «convertir esa tarjeta en una fuente para su financiación», pero también las dos centrales sindicales de ámbito estatal «han intentado blindar el acceso al sector de la Construcción. Han montado un sistema por el cual en muchos casos los trabajadores de la Construcción tienen que pasar por sus sedes para conseguir un trabajo». Por lo que entiende que esa posición de privilegio «se garantiza de forma indefinida, porque hasta esta sentencia del Tribunal Supremo a instancias de ELA, se tenía que renovar la Tarjeta Profesional de la Construcción cada cinco años».

Centralización

En este caso, el secretario general de ELA, Txiki Muñoz, recordó que con este movimiento entre los empresarios del sector, CCOO y UGT «han pretendido estructurar la negociación del sector de la Construcción a nivel estatal, centrando la capacidad de los convenios provinciales para regular distintas materias, entre ellas las relacionadas con la seguridad y la salud laboral».

Para Muñoz, ese paso dado es «un ensayo de lo que están preparando para la reforma de la negociación colectiva: la centralización de la misma y la eliminación de los ámbitos sectoriales inferiores». Dijo que «están buscando una paz social» y remarcó que «el modelo sindical vasco es más activo, no se calla ante todas estas agresiones y actuaciones en contra de los trabajadores».

El líder de ELA sostiene que esos actores «han transformado el deber del empresario de dar la formación preventiva necesaria a la plantilla, en la obligación del trabajador a contar con esa tarjeta, discriminando a quien no la tenga en el acceso al trabajo, La han convertido en una habilitación necesaria para trabajar, en una limitación del derecho al trabajo».