El sistema de pensiones en el Estado español es «demasiado generoso». Esta es la principal conclusión de un informe en el que la OCDE insta al Gobierno de Rodríguez Zapatero a que acometa fuertes reformas en esta materia, que vayan más allá, incluso, de la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años. De hecho, a juicio de este organismo el límite legal para acceder a una pensión debería superar esa edad en función de la evolución de la esperanza de vida en los próximos años, pudiendo llegar hasta los 70 años.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) saluda las reformas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo español en el sistema público de pensiones, pero le insta a tomar otras medidas, como que el cálculo de los derechos de pensión tome en cuenta toda la vida laboral de los trabajadores, y no sólo una parte.

Asimismo, en su informe, difundido por Efe, la OCDE defiende la disminución, o incluso la supresión, de los subsidios específicos para los parados de mayor edad, así como aumentar el número de años necesarios para cobrar la pensión completa, que ahora es de 35.

«Medidas suplementarias»

El conocido como «Club de los países ricos» señala que para que la economía española recupere la confianza de los mercados le resulta necesario «lograr una mejora permanente en el equilibrio presupuestario», lo que pasaría, en primer lugar, por aplicar «estrictamente» los recortes anunciados para 2012 y 2013. En cualquier caso, estos recortes podrían no ser suficientes, por lo que la OCDE considera que el Gobierno del PSOE «tiene que estar preparado para tomar medidas suplementarias si fuera necesario».

En esta sentido, le insta a tener identificados los ámbitos en los que se pueden producir recortes del empleo público sin que la calidad del servicio se resienta de forma extrema.

En materia fiscal, el organismo que preside Ángel Gurría apunta que la presión en el Estado español es relativamente más baja respecto a otras economías europeas, de modo que al ajuste presupuestario le podrían acompañar subidas de impuestos, y cita expresamente la posibilidad de ampliar el tipo superior del IVA a nuevos tipos de productos, una medida que afectaría sobre todo a las rentas más bajas. Por contra, aboga por bajar impuestos a las empresas.

La OCDE también se pronuncia por un mayor control del gasto público de las comunidades autónomas del Estado, de forma que en periodos favorables para la actividad económica se les exija un mayor superávit en todos los niveles.

Reforma laboral

Por otra parte, la recién aprobada reforma laboral es criticada en el informe, porque «deja mucho espacio a la interpretación judicial», y avisa de que si fracasa en su propósito de facilitar los despidos para las empresas, «pueden ser necesarios» nuevos cambios en la ley. Así, los responsables de la OCDE se quejan de que las indemnizaciones por despido en algunos contratos fijos son «excesivamente amplias» lo que, asegura, hace que las empresas sean remisas a transformar los contratos temporales en permanentes.

A este respecto, apuesta por «un contrato único con una indemnización que es inicialmente baja, pero que se incrementa gradualmente con la antigüedad», aunque también aboga por no restringir la firma de contratos temporales.