Internet podría dar un vuelco en pocas horas. El Gobierno español, en su lucha contra la piratería en la red, pretende dar luz verde a la Ley de Economía Sostenible que se debatirá y votará hoy en el Congreso madrileño. El proyecto plantea el cierre o bloqueo de páginas web que permitan la descarga ilegal de contenidos por orden judicial, y contempla la creación de una comisión de propiedad intelectual como el órgano encargado de recibir las denuncias de los afectados por la piratería, comprobar que existe vulneración de derechos y solicitar el cierre o bloqueo de la página web a un juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional española. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prevé aprobarla hoy mismo, si bien podría no contar con el apoyo de su socio presupuestario, el PNV. Así, el grupo jeltzale estaría dispuesto a «tumbar» la medida pidiendo una votación separada de la disposición, con lo que la oposición podría unir fuerzas para rechazarlas.

Y es que han sido numerosas las voces que se han alzado en contra de la aprobación de esta medida. El sector internauta ha encabezado las protestas. Ayer, el blog «Anonymous Nano» hizo un llamamiento para atacar las páginas web de varios grupos parlamentarios. Las páginas de CiU, primero, y la del PP y el PNV, después, sucumbieron al ataque internauta que colapsó sus servidores, al que sólo sobrevivió la web del PSOE. Asimismo, la página del Congreso de los Diputados funcionaba ayer tarde con normalidad. La de IU también; de hecho, en su web eran bien visibles las proclamas contra la llamada «Ley Sinde». Además, la protesta fue ampliada con la convocatoria de concentraciones y manifestaciones en las calles de varias ciudades, entre ellas, Bilbo. Se prevé que los actos de denuncia continúen hoy con una concentración ante el Congreso español a partir de las 09.00 de la mañana, y con una segunda manifestación a las 18.00 por las calles de Madrid.

Estas acciones dan continuidad al cierre de una veintena de páginas web de descargas llevada a cabo el pasado domingo. «Cinetube», «Series Yonkis», «El Rincón de Jesús», «Cine Gratis» o «Por descarga directa» fueron algunos de los participantes de esta iniciativa, que en la mayor parte de los casos redirigieron a un texto explicativo del motivo del cierre a todos los usuarios que quisieron acceder a sus contenidos. «Si se aprueba la `Ley Sinde'', esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs», explicaban en un breve texto. Todos ellos redirigieron a los usuarios al portal «No al cierre de webs», un espacio donde se encuentra un manifiesto del movimiento.

«Equitativa y positiva»

La ministra española de Cultura, Ángeles González Sinde, defendió ayer que la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (LES) permitirá a quienes difunden libros, música y películas a través de la red seguir haciéndolo «teniendo sus contratos al día». En rueda de prensa, la titular de Cultura opinó que se trata de una norma «equitativa y positiva», que lleva aparejado un nuevo y necesario modelo de difusión de la cultura. En cuanto a las protestas organizadas en los últimos días por asociaciones de internautas y páginas de descargas de contenidos contra el proyecto de ley, González Sinde lamentó que se intente confundir a la opinión pública «hablando de libertad de expresión».

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, por su parte, defendió que si la ley no se aprueba o sufre cambios que modifiquen su naturaleza, propondrá ante la Unión Europea incorporar a los usuarios como objetivos de la acción legal, además de las páginas web.

Su presidente, Aldo Olcese Santonja, manifestó que, si esto ocurre, la coalición «cambiará de tercio» y aprobará la defensa de cualquiera de los procedimientos establecidos en otros países, «más agresivos», y se defenderá que se actúe también contra los usuarios.

La legislación que se propone hoy tiene un «doble propósito», según señaló el presidente de la coalición. Por un lado, el de desalojar páginas web que desde las redes realicen estas actividades, e impedir el tráfico desde las redes a páginas web albergadas en redes de otros países, pero que no podrán ser accesibles desde la red estatal.