Las diez trabajadoras de la empresa Lanalden que presta el servicio de emergencias telefónicas de Osakidetza en Araba denunciaron ayer en una nota «la indefensión» que sufren después de que Osakidetza haya anunciado que va a de prescindir de sus servicios. Así, tras casi 20 años realizando dicho trabajo «óptimo, reconocido por los responsables de Osakidetza», las diez trabajadoras se podrían quedar en la calle. Al respecto, la plantilla explica que aunque realizan el mismo servicio que en Bizkaia y Gipuzkoa, sus condiciones laborales son «muchísimo más bajas». Por ejemplo, en Bizkaia y Gipuzkoa los trabajadores son propios de Osakidetza, mientras que los de Araba están subcontratados.

En este sentido, señalan que podrían entender que Osakidetza sacara una Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir sus puestos. No obstante, denunciaron que Osakidetza «únicamente va a cubrir nuestros puestos de trabajo con personal eventual durante seis meses, por lo que ni dignifica, ni estabiliza unos puestos de trabajo que son imprescindibles para la ciudadanía».

Asimismo, criticaron que el hecho de trabajar durante veinte años para Osakidetza no les sirve ni para que les compute como mérito para futuras oposiciones. Por todo ello, opinan que «este servicio se ha estado aprovechando de nosotras como trabajadoras, pagándonos una miseria que no llega ni al mileurismo».

«Venganza pura y dura»

En cuanto a las razones por las que los responsables de Osakidetza han decidido despedirlas, las trabajadoras consideran que se basan en que hace dos años la plantilla planteó una pelea jurídica contra Osakidetza por «cesión ilegal de trabajadores». Así, no dudan en afirmar que «Osakidetza nos deja en la calle como venganza pura y dura de los juicios que hemos tenido en su contra» y censuran en la nota que «actúan como la peor patronal, a pesar de que llevamos 20 años dando un servicio público imprescindible».

Tras mostrar su malestar por la repercusión que tendrían los despidos en el Servicio de Emergencias de Araba anuncian que realizarán las acciones tanto jurídicas como sindicales en defensa de sus puestos de trabajo.