Ayer, días antes de fin de año, ocho personas comparecieron en la Audiencia Nacional española en régimen de incomunicación, tras cinco días en dependencias policiales. Hace poco más de un año, lo hicieron varios dirigentes abertzales, y poco después más de treinta jóvenes, todos ellos por realizar su trabajo político públicamente; escenas que se han ido repitiendo a lo largo de este año, a medida que se iba concretando el compromiso de la izquierda abertzale y otras fuerzas políticas en pos de una estrategia independentista de confrontación exclusivamente política. Esos pasos han sido contestados con una escalada represiva cuyo último exponente son los seis jóvenes que ayer ingresaron en prisión y los dos abogados que quedaron en libertad bajo fianza. Mientras, más de 70 abogados vascos y extranjeros que llamaron a la manifestación del próximo 8 de enero por los derechos de los presos, denunciaban las detenciones de ésos y otros abogados.

Los jóvenes recién encarcelados habían mostrado su compromiso con el Acuerdo de Gernika y, aún sabiéndose en el punto de mira político-policial, se habían reafirmado en ese compromiso. Los acontecimientos demuestran que los estados español y francés no están por la labor de facilitar un escenario democrático, pero también que, ante el compromiso como el de esos jóvenes, su tarea se presenta aún más difícil.