El Tribunal Supremo (TS) español ha ordenado a la Generalitat de Catalunya que tome las medidas que sean necesarias para introducir el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo, al aceptar la demanda de la madre dos alumnas del centro La Salle de Tarragona, que reclamaba que sus hijas fueran educadas en castellano y que las comunicaciones del centro le fueran enviadas en esa lengua, revocando la denegación que en su día adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Esta decisión del Supremo supone la primera aplicación práctica de la sentencia del Constitucional que recortó el Estatut aprobado en referéndum por la ciudadanía catalana.

Así, la sentencia del Supremo destaca que «la exclusión del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución [española] de conjunción lingüística o de bilingüismo integral de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución».

Es decir, que el uso exclusivo del catalán como lengua vehicular en el sistema educativo catalán, adoptada para garantizar la supervivencia de esta lengua tras siglos de dominación del castellano, es incompatible con la Constitución española, que establece la obligación de conocer el castellano.

A diferencia de los modelos lingüísticos que se aplican en Euskal Herria, en Catalunya todas las asignaturas se imparten con el catalán como lengua vehicular.

Esta situación corre el riesgo de cambiar, ya que el Supremo señala que la «Generalidad (sic) deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional [la que recortó el Estatut] que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán».

Junto a ello, el Supremo también reconoce a la demandante el derecho a recibir las comunicaciones, tanto orales como escritas, del centro educativo en castellano, «lengua oficial en todo el territorio del Estado».

Esta sentencia del Supremo se produjo la víspera de la votación hoy en el Parlament, en la que el candidato de CiU, Artur Mas, será investido como nuevo president de la Generalitat de Catalunya.

De hecho, la decisión del Supremo español ha dejado en evidencia que el nuevo Govern de la Generalitat deberá gestionar un nuevo escenario, marcado por la sentencia del Constitucional que recortó el Estatut aprobado en referéndum.

El presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, destacó ayer que «el Supremo no tiene jurisdicción para anular normas de rango autonómico o estatal» y subrayó que la sentencia dice que «es perfectamente legítimo que el catalán sea el centro de la enseñanza e n Catalunya, ya que dice que está justificado que sea lengua vehicular siempre que se garantice la enseñanza del castellano, lo que ya está garantizado y lo saben».

El todavía conseller de Educación, Ernest Maragall (PSC), restó importancia a la sentencia del Supremo, señalando que «no afecta ni una coma a la norma vigente». Asimismo, destacó que solo afecta a tres casos entre los 1,2 millones de alumnos catalanes.

Teresa Casals, integrante de la Plataforma per la Llengua, organismo que trabaja para la normalización del catalán, señaló que la sentencia es «una decisión política y no lingüística», subrayó que supone un «ataque directo contra nuestro sistema educativo» y avanzó que presionará a la nueva Generalitat para que la combata, según informó el diario «Ara».

La portavoz de Ustec-STEs, sindicato mayoritaria en la enseñanza catalana, Rosa Cañadell, señaló a «Ara» que «utilizar la escuela para hacer batallas partidistas es un acto de grave irresponsabilidad».