Argilan denunció ayer en Bilbo la actitud de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, en relación a las suspensiones de la orden para pagar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 6.262 unidades de convivencia, y pidió que diera marcha atrás de forma definitiva, «dado que todavía no está claro todo este proceso». Desde ese organismo declararon que la consejera «no tiene vergüenza» y reclamaron que se inicien «todos los procesos de control desde cero», porque Lanbide está trasladando los contactos hasta dentro de dos meses, «dejando a los necesitados sin ayudas». Alex Henares, miembro de este organismo, calificó de «lamentable» lo ocurrido, en una rueda de prensa.

Aunque parece que se ha suspendido la decisión inicial sobre las RGI, este organismo social, vinculado a ESK, sostiene que «está en juego no sólo el derecho a la subsistencia de las personas afectadas, sino la continuidad de un sistema de protección social que, aun con todas sus carencias, tiene un innegable efecto positivo en el bienestar del conjunto de la sociedad».

A juicio de Argilan, «supone una garantía para todos los ciudadanos», porque «aunque dispongan ahora de un empleo, mañana pueden estar en la calle y tendrán que recurrir a este instrumento de ayudas». Por eso, pide que «se quede inmediatamente sin efecto la orden de suspender en el mes de enero el pago de la Renta de Garantía de Ingreso a estas 6.262 unidades de convivencia».

En la rueda de prensa también comparecieron dos mujeres, Yania Santos y Eulenice Suárez, que explicaron su difícil situación dado que tiene hijos a su cargo, pero no cuentan con permisos de trabajo. Rechazaron de plano que estén defraudando, puesto que, como señalaron ambas, «cada cierto tiempo tenemos que renovar la documentación que se nos solicita». Las dos afectadas dejaron claro que sin ese apoyo económico de la Renta de Garantía de Ingresos «no podríamos subsistir» y Santos explicó que «mis dos hijos los tendría que entregar a mi ex marido».

Argilan criticó la actitud del Gobierno de Lakua, pero también recordó que la Diputación de Bizkaia «actúa con un retraso. Es un mal endémico. En la modificación y actualización de datos son responsables de los expedientes, así han ocurrido los errores».