La violencia patriarcal se ha cobrado la vida de ocho ciudadanas vascas en este año que está a punto de finalizar. Han sido miles las denuncias interpuestas por esta lacra social, pero la reciente muerte de Cristina Estébanez pone en entredicho la eficacia de las instituciones ante las mismas. La directora de Emakunde no lo cree así y defiende que se ha avanzado mucho en la creación de estructuras institucionales o con la implantación de los juzgados especializados en violencia de género.

Estébanez denunció por amenazas a su agresor, pero la protección no llegó a tiempo. ¿Qué es lo que falló?

La muerte de Cristina Estébanez es una tragedia. Los últimos datos de la Delegación de Violencia de Género señalan que de las 68 mujeres asesinadas en 2010 en el Estado español, 18 habían denunciado y dos habían retirado la denuncia. Estamos ante datos para la evaluación y la reflexión. Debemos tratar de dar respuesta a dos cuestiones: ¿Por qué la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado su situación? ¿Y por qué en 18 casos la denuncia no fue suficiente?

Los datos de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género de Lakua demuestran que las denuncias van incrementándose de manera continua. ¿Puede que el ámbito judicial no esté preparado para afrontar esta situación?

Ha costado disponer de datos e indicadores homogéneos que nos permitan analizar el problema social de la violencia de género. Desde la aprobación de la Ley de medidas integrales contra la Violen- cia de Género en 2004, y a raíz de la creación de una serie de observatorios, ha sido posible disponer de estadísticas que nos permiten saber el número de denuncias y los motivos de las mismas. A la hora de interpretar el incremento en el número de denuncias debemos posicionarnos ante la posibilidad de interpretar el dato de dos maneras distintas. Una implicaría asumir que el incremento supone crecimiento de la violencia; otra, por el contrario, supondría interpretar el incremento del número de denuncias como un incremento de la toma de conciencia de estar sufriendo violencia machista y asumir, por tanto, que tienen la información, la asistencia y el empoderamiento necesario para interponer las denuncias. Creo que la interpretación correcta es la segunda. Razón por la que, cuando asistimos a un descenso del número de denuncias, como el que se ha registrado en los últimos meses en el conjunto del Estado español, es factible plantearnos la hipótesis de que la situación de crisis económica agrava las situaciones de dependencia económica y emocional y limita, por tanto, las posibilidades de interponer una denuncia.

Las campañas ponen el énfasis en la denuncia. Sin embargo, las víctimas, como la sociedad en general, desconocen qué conlleva este proceso. ¿Qué pasos se dan desde que se pone la denuncia hasta que se llega al juicio?

Sin negar la posibilidad de que haya gente que pueda desconocer las consecuencias que implica interponer una denuncia, creo que las mujeres que interponen una denuncia por violencia de género se han informado previamente de las consecuencias de dicha decisión. Se les ha informado de que la denuncia inicia un procedimiento que implica la separación -si es que todavía se da la convivencia- y la asunción de medidas de protección, así como de una serie de ayudas de carácter social. Pero también debemos de ser conscientes de la situación emocional y sicológica en la que se encuentran las mujeres que sufren maltrato (físico, sicológico, económico, social o sexual): son mujeres encerradas en el ciclo de la violencia, un ciclo que supone, así se ha estudiado y demostrado, que tras periodos de agresión se suceden periodos de arrepentimiento por parte del agresor y solicitud de perdón, perdón que las mujeres dan porque, muchas veces, la dependencia emocional, la falta de autoestima a la que se ven abocadas por el maltrato, las lleva, incluso, a culpabilizarse de la agresión que están recibiendo. Debemos ser conscientes de que el «ciclo de la violencia de género» existe, de que existe la dependencia emocional y de que es normal que a veces estas mujeres actúen de forma «contradictoria», poniendo la denuncia y queriéndola retirar más tarde.

Son comportamientos que no nos deben llevar a desautorizarlas ni a restar valor a su relato. Es fundamental que los y las profesionales que atienden a las mujeres que sufren maltrato, tanto en el ámbito sicológico como en el jurídico, asistencial y policial, sean profesionales que entiendan la situación de estas mujeres y que no la prejuzguen, sino que las acompañen en el largo y doloroso proceso que se inicia al interponer la denuncia, requisito básico, según la legislación, para poder abrir el procedimiento y darle una respuesta institucional a la mujer.

Las mujeres que deciden denunciar, en la mayoría de los casos, requieren y esperan protección. Está comprobado, además, que es en el momento en el que la mujer decide romper con esta situación cuando se incrementa el riesgo. ¿Cómo se valora la situación de riesgo y que medios de protección existen a día de hoy?

Existen herramientas metodológicas para la medición del riesgo que sufre una mujer. A partir del establecimiento del nivel de riesgo se valoran las medidas de protección a implementar. Sin embargo, no todas las mujeres son conscientes del riesgo real que corren y la asunción de algunas medidas, si bien supone mayor protección para ellas, también las limita social y personalmente.

Se ha afirmado que Estébanez se negó a ir a una casa de acogida. El movimiento feminista incide en que todas las medidas que se ofrecen a la mujer (control telefónico, seguimiento, casa de acogida...) afectan a su calidad de vida y no a la del agresor. ¿Cuál es su opinión?

No sólo el movimiento feminista ha realizado esta reflexión, se está planteando en muchos ámbitos, en el jurídico, en el político -por ejemplo, en la revisión de la Ley de 2004 que se realizó en la Subcomisión de Violencia de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en 2009-, en el ámbito asistencial por parte de las trabajadoras sociales y sicólogas que las atienden, y también por parte de las instituciones. Desde luego es una preocupación tanto de Emakunde como de la Dirección de atención a víctimas de violencia de género del Gobierno Vasco. Es indudable que desde 2004 hasta la fecha se ha avanzado mucho, tanto en la percepción de la violencia que se ejerce contra las mujeres como un problema social y no como una cuestión privada, como en la creación de estructuras institucionales para la provisión de información y recursos y en la creación de los juzgados especializados de violencia de género. Pero después de seis años de aplicación de la Ley, creo que es posible detenernos y reflexionar sobre los efectos no deseados que ha podido tener. Por ejemplo, el que la protección de las mujeres haya sido y sea una preocupación prioritaria que necesitaba una respuesta inmediata ha dirigido gran parte de la atención sobre la víctima, lo que ha implicado, a veces, victimizarla doblemente. Debemos aumentar la atención sobre el agresor a la hora de implementar las medidas de protección, por ejemplo, generalizando más el uso de las «pulseras», cuya implementación deben decidir los jueces y juezas.

Otra crítica del movimiento feminista es la falta de coordinación entre los agentes que trabajan alrededor de la denuncia, juzgado, Ertzaintza, servicios sociales... ¿Cómo se coordinan?

Nuestro entramado institucional es muy complejo. Las competencias en esta materia, como en otras, se tienen a nivel de Gobierno Vasco, de diputaciones forales y de ayuntamientos. Precisamente, en un intento de mejorar la coordinación de todos los agentes implicados y de los recursos existentes -a nivel de Gobierno Vasco- se creó la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género (DAVVG). Asimismo, existe la Comisión de seguimiento del II Acuerdo Interinstitucional en la que, bajo la presidencia de Emakunde y la coordinación de la DAVVG, participan varios departamentos del Gobierno Vasco, las tres diputaciones, una representación de los ayuntamientos a través de Eudel y una representación de la Fiscalía Superior de la CAV, del Consejo Vasco de la Abogacía, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Médico Vasco.

En la lucha contra la violencia de género se pone el acento en el ámbito judicial y policial, pero, ¿se puede erradicar con ello?

No creo que se esté poniendo el acento sólo en las medidas judiciales y policiales. Se está implementando una política de dos velocidades: existe una serie de medidas a implementar a corto plazo, que son las que se derivan de garantizar la mejor atención a las víctimas de violencia de género, tratando de dar una respuesta lo más rápida y efectiva posible, para lo cual, los ámbitos judicial y policial son fundamentales y, por otra parte, existe toda una serie de medidas y programas que se plantean con objetivos de consecución a largo plazo. Estas últimas son las medidas dirigidas a trabajar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, asumiendo que la razón primera de la violencia que sufren las mujeres está en la desigualdad estructural de trato y oportunidades. Acabar con esta desigualdad supone trabajar en el ámbito de la prevención y la sensibilización, enfatizando la educación en los valores de la igualdad y el respeto.

Cristina Estébanez tan sólo tenía 25 años. Se podría decir que ha vivido en una sociedad que condena la violencia machista. Sin embargo, ha muerto por esta lacra social. ¿Cómo se puede entender?

En el caso de Cristina Estébanez es cierto que su edad y la edad de su asesino es una realidad que nos ha consternado, porque se nos plantea la pregunta de cómo puede ser que asistamos a un asesinato por violencia de género entre personas tan jóvenes. Pero, tristemente, lo que pone de manifiesto es que si bien hemos avanzado, y mucho, en ámbitos como el jurídico y el institucional, todavía nos queda mucho por cambiar en el ámbito cultural y valorativo.

En nuestra sociedad y en nuestra cultura perviven estereotipos sexistas y machistas que influyen en nuestras relaciones. Pervive una definición errónea del amor romántico, pervive la percepción de que los celos son una manifestación de amor, cuando los celos suponen vivir a la otra persona como objeto y no como sujeto libre en la relación. Estos valores y estas ideas son expresadas -como muestra varios informes- por la población joven, por los y las adolescentes, lo que demuestra que todavía está pendiente una verdadera «revolución cultural» y también cambios estructurales que promuevan y hagan efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres, que posibiliten relaciones basadas en el respeto mutuo y en la igualdad.