La crisis económica, por mucho que desde la patronal y las instituciones se esfuercen en afirmar lo contrario, no afecta a todos por igual. Esa desigualdad, además, se acentúa como consecuencia de las políticas que los gobiernos ponen en marcha en tiempo de crisis, el cual, si alguna virtud tiene, es la de dejar en evidencia discursos supuestamente progresistas como el de los «socialistas» españoles, tanto si gobiernan en Madrid como si lo hacen en Gasteiz.

El pasado martes, el Consejo de Gobierno de Lakua aprobaba el Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos, según el cual se prevé que a mediados de 2011 sea el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, el organismo que gestione ayudas sociales como la Renta de Garantía de de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda. Tras el Consejo, Gemma Zabaleta, consejera de Empleo y Asuntos Sociales, afirmó que nadie se va a colar por las «rendijas» del sistema, justificando así la propuesta de retirar la RGI a más de 6.200 perceptores. Ese mismo día la plaza de Zabalburu fue escenario de una protesta espontánea cargada de tensión. Los protagonistas fueron numerosos perceptores vizcainos de la RGI que habían sido excluidos de esa prestación social, que en total ascienden a alrededor de 4.700. Desde Diputación les habían remitido una carta en la que les comunicaban que se les retiraba la ayuda, para muchos su único ingreso.

Ese anuncio de exclusión de la RGI a miles de perceptores es una muestra significativa de la política económica y social tanto de la Administración central española como de las autonómicas vascas, que se limitan a asentir ante las decisiones de Madrid y a aplicar las recetas neoliberales que la Unión Europea acuerda con el FMI.

El anuncio de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de Lakua de examinar uno por uno los casos de las personas que perciben ayudas sociales es un mensaje con una considerable carga de populismo que pretende transmitir a los ciudadanos el empeño de los gobernantes en hacer justicia luchando contra el fraude. Y para ello no reparan en señalar a miles de personas poco menos que como delincuentes. Parece claro el componente electoral del anuncio, dirigido a quienes creen que su situación precaria se debe a ayudas sociales percibididas fraudulentamente, y hecho desde la consciencia de que muchos excluidos de esas ayudas son inmigrantes y gente que generalmente no acude a votar.

Pero, además, es más que cuestionable la afirmación de que medidas como la exclusión de ciertos perceptores de la RGI sea el modo adecuado de hacer frente al fraude fiscal. El cálculo sobre las 6.200 personas a las que Lakua pretendía retirar esa ayuda ofrece una suma de alrededor de 300 millones de euros. Se ha de tener en cuenta, por otro lado, que muchas de las personas a las que comunicaron la retirada de ese ingreso por no cumplir los requisitos establecidos, sí los cumplen. Se trata de quienes, por estar realizando cursillos del INEM, se habían dado de baja del paro, o de mujeres que se habían separado de sus maridos. Por tanto, el fraude fiscal significativo no se encuentra en esas rendijas que la consejera de Empleo está empeñada en tapar. Hasta los 10.000 millones en los que se estima el fraude fiscal existe una grieta que exige mayores esfuerzos a las instituciones tan preocupadas por que quienes menos tienen puedan llevarse una limosna de más y que están dispuestas a examinan uno por uno esos casos pero no a hacer lo mismo con las grandes rentas y las grandes fortunas. Si lo hicieran, comprobarían lo que ya saben: dónde se encuentra el mayor y verdadero fraude fiscal. Y no hacerlo es un fraude de la propia administración. Todas las medidas de las diferentes administraciones para, dicen, hacer frente a la crisis han sido favorecedoras de esas grandes rentas y fortunas, empezando por la retirada del Impuesto del Patrimonio y continuando con la rebaja del Impuesto de Sociedades.

La decisión inicial sobre las RGI se ha suspendido, pero ha quedado muy clara la intención y la tendencia del Gobierno de Lakua. Y también lo ha quedado la necesidad de respuesta a esos continuos atropellos.

Dinámica de lucha y huelga general

Estamos en un contexto en el que -como ocurre con la intención de retirar la RGI a muchos de sus perceptores- el Gobierno de Madrid, con la ayuda de las administraciones vascas y varios partidos políticos, aprueba y anuncia constantemente medidas que perjudican cada vez más a los sectores más desprotegidos de la sociedad: parados, trabajadores, mujeres, jóvenes... Por eso, además de respuestas espontáneas es preciso imprimir una dinámica de lucha contra esa política neoliberal que precariza a la mayoría y favorece a unos pocos.

Buena muestra de ello son la reforma del sistema de pensiones y los recortes sociales que recogen los presupuestos para 2011, motivo de la convocatoria de huelga general en Hego Euskal Herria para el día 27 de enero. Dicha convocatoria, unida a la del pasado 29 de junio y a otras, es una señal de la voluntad de la mayoría sindical vasca de asumir esa dinámica e implicar a toda la sociedad ante unos ataques que se resumen en un recorte de derechos brutal e indisimulado.