Los promotores del nuevo proyecto urbanístico que amenaza a la maltrecha costa vizcaina han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sopela que el 29 de julio rechazó la aprobación definitiva de una propuesta del equipo de gobierno (PNV) para construir 15 chalés en una parcela ubicada entre Sopelmar y el camping. El punto contó con la oposición de los cuatro ediles de la izquierda abertzale y los concejales de Alternatiba, EA y Berdeak, mientras los dos del PSE se abstuvieron y sólo lo apoyaron los cinco corporativos jeltzales y el del PP.

Una vez que se dio este resultado, que sorprendió, desde la oposición se valoró que el PNV no había trenzado las alianzas necesarias con el PSE para sacar adelante el asunto, igual por las fechas en que tuvo lugar el pleno, finales de julio y plenas vacaciones de verano. Hasta entonces, el proyecto no había tenido ningún contratiempo y ya se contemplaba en las Normas Subsidiarias de 1998.

En octubre, a través de una comunicación del TSJPV, el Consistorio tuvo noticias del recurso presentado el 30 de setiembre por siete particulares y dos empresas -Promociones Inmobliarias Norte SA y Bizkaina de Camping SL- contra el acuerdo municipal, que les impide edificar en la parcela y que revoca lo que contemplaban las NNSS de hace doce años.

A raíz del mismo, la izquierda abertzale ha venido realizando una campaña de movilización e información para que los sopeloztarras y los vizcainos en general conozcan la repercusión que puede tener que finalmente se construyan 15 chalés «casi en la misma costa, a 200 metros».

El principal grupo de la oposición manifiesta que «siempre ha estado en contra de la construcción en esa zona», además de que «apuesta por el desarrollo del futuro parque metropolitano sin nuevas zonas urbanizadas y considera fuera de toda lógica construir 15 chalés, vivienda privilegiada, casi en la misma costa -reiteran- y a 500 metros de un posible biotopo protegido».

En la actualidad, la Diputación y el Ejecutivo de Lakua estudian una propuesta de diversos colectivos ecologistas para que se oficialice la protección de la franja costera desde Barrika al monte Ermua pasando por la bahía de Plentzia.

Los independentistas estiman que la edificación de 15 viviendas unifamiliares es un asunto de «gran importancia». Argumentan que «el PNV pretende que el tema pase desapercibido para llegar a un nuevo acuerdo con los promotores de estos chalés e intentar reconducir la situación en la próxima legislatura si se da otra correlación de fuerzas en nuestro Ayuntamiento. Es por tanto -subrayan- importante dar a conocer esta situación y movilizarse para defender nuestra costa».

El PSE quiere cambiar el voto

La tesis defendida por la izquierda abertzale se fundamenta en que, en octubre, al conocerse del recurso judicial, el PSE preguntó si se podía volver a debatir ese tema y cambiar de voto. Posteriormente, el PP también planteó en otra comisión «si no había forma de solucionar el asunto», ante lo que el PNV les respondió, solicitándoles «un poco de seriedad», aunque abrió la puerta a que «si los dueños presentan otro texto refundido con alguna modificación, se puede mirar».

No sorprende la posición ahora activa de PSE y PP, al conocerse la iniciativa judicial de los promotores y dueños de los terrenos, aunque es bastante contradictoria con su actitud en el Pleno del 29 de julio, cuando los portavoces de ambas fuerzas y el PNV no dijeron nada. Por el contrario, izquierda abertzale, EA y Alternatiba se opusieron y lo defendieron.

En opinión de la izquierda abertzale, con la actual Corporación municipal de Sopela, en la que están representadas siete fuerzas políticas, los jeltzales no parecen dispuestos a atender los argumentos de PSE y PP, apartando el tema hasta después de los comicios de mayo de 2011. Por ello, inciden en la importancia de que todas las sensibilidades políticas de los sopeloztarras tengan la opción de concurrir a las elecciones. Mientras, ellos, al igual que el resto de grupos que rechazaron la aprobación definitiva del Plan Especial para la Unidad de Ejecución 7.1 -nombre técnico del proyecto- se han personado ante el TSJPV.