El Pacto de Toledo deja vía libre para retrasar la jubilación a los 67 años
La comisión del Congreso español que forma el Pacto de Toledo aprobó ayer sus recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones, con una redacción que deja al Gobierno español manos libres para llevar a cabo su propósito de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, ampliar el periodo de cálculo de la pensión o aumentar el número de años necesario para acceder a una pensión contributiva.
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La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso español aprobó ayer por mayoría sus recomendaciones para la reforma de las pensiones, en las que se constata que no ha sido posible acuerdo alguno sobre la edad de jubilación y tampoco se cifra el periodo de cálculo de la pensión, aunque se entiende que debe ser ampliado. De esta forma, deja al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las manos libres para aumentar dicho cálculo, así como para ampliar la edad de jubilación a 67 años, como es su propósito.
El informe con 21 recomendaciones, que será sometido a la votación del pleno del Congreso previsiblemente el 25 de enero, ha contado con la oposición de ERC-IU-ICV y BNG, que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma que desea sin incumplirlo.
Todos los grupos -salvo el PSOE- lamentaron que el Ejecutivo vaya a aprobar su proyecto de ley el 28 de enero, dos o tres días después de que el pleno dé luz verde al informe, lo que creen que evidencia que la nueva norma sobre pensiones ya está escrita, al margen de las recomendaciones del Parlamento.
El texto apoya que el cómputo de la pensión se modifique «para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador», una fórmula que permite al Ejecutivo ampliar el cálculo de la pensión, de los actuales 15 años a 20 o más.
Además de los dos temas más polémicos -edad de jubilación y periodo de cálculo de la pensión-, las sugerencias de la comisión incluyen estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social, frente al sistema actual basado en el IPC, por lo que podrían perder poder adquisitivo.
Sistemas privados
Asimismo, se insta a incentivar fiscalmente los sistemas complementarios de pensiones en los convenios colectivos y para autónomos, es decir, a que los sistemas privados de pensiones adquieran cada vez mayor peso.
También plantea la posibilidad de un incentivo fiscal para que en los matrimonios con régimen de bienes gananciales, el cónyuge que trabaje genere también pensión para el que no está presente en el mercado laboral. Igualmente, se aboga por que los periodos de atención a los hijos o familiares dependientes se tengan en cuenta en el cómputo de la pensión.
El texto recoge el rechazo a la congelación de las pensiones contributivas en 2011, lo que implicará que por primera vez el Gobierno incumpla una de las sugerencias del Pacto de Toledo, según recordó el portavoz del PNV, Emilio Olabarria.
Los jeltzales, al igual que el PP, apoyaron el informe, aunque en su intervención aparecieron como críticos hacia el Gobierno español. Por el contrario, CiU y PSOE defendieron el texto como un mensaje «de que la clase política está apostando por dar estabilidad y seguridad a los pensionistas de hoy y del futuro».
Entre los asuntos que contaron con el beneplácito de todos los grupos destacó la solicitud de ampliar la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años.
ELA y LAB subrayaron ayer la necesidad de la huelga general del próximo 27 de enero para defender el sistema público de pensiones. ELA consideró el informe de la comisión parlamentaria sobre la reforma de las pensiones «un trámite para que el 28 de enero el Gobierno de Zapatero nos presente las medidas de recorte de las pensiones». El responsable de política social de ELA, Mikel Noval, recordó que «el gobierno va a tomar dos tipos de medidas. Unas, «para impedir o dificultar el acceso a una pensión a cada vez más gente», como el incremento de la edad de jubilación a los 67 años, el aumento del número de años exigido para tener derecho a una pensión contributiva, o limitar las jubilaciones anticipadas. El otro bloque tiene como objetivo, a su juicio, recortar las nuevas pensiones. «Pasar de 15 a 20 años supone un recorte de las nuevas pensiones en un 6% de media. Pasar a 25 significa reducir las pensiones un 10% y pasar a 35 una disminución del 20%», indicó Noval. Sostuvo que existen alternativas para dignificar las pensiones como su financiación a través de impuestos.
Por su parte, LAB aseguró que las «durísimas» medidas de la reforma «tendrán nefastas consecuencias para la mayoría de la población» y dejarán a «miles de personas, sobre todo mujeres y jóvenes, sin derecho a una pensión, y en general, la cuantía de las pensiones se verá reducida aproximadamente en un 16%». LAB calificó la reforma como «el mayor ataque al sistema público de pensiones hasta ahora habido», que se produce cuando el sistema y el fondo de reserva de Social gozan de superávit. Opinó que se trata de beneficiar a «los planes de pensiones privados, tocados por la crisis», y arruinar el modelo público para privatizar el sistema y poder especular. GARA
ESK se ha sumado a la convocatoria de huelga general en Hego Euskal Herria, realizada por ELA, LAB, STEE-EILAS e Hiru para el 27 de enero porque para frenar «esta brutal reforma de las pensiones no queda otra vía que una movilización a la que ningún sindicato puede dar la espalda». ESK considera la huelga «un primer paso de una confrontación que va a exigir mantener el pulso durante todo el trámite parlamentario» para conseguir la retirada del proyecto. Estima la concreción de una fecha «una buenísima noticia, aunque le habría gustado «que hubiera sido resultado de una voluntad compartida con el resto de sindicatos». GARA
