Los activistas por los derechos de los homosexuales en el Estado francés sufrieron ayer un revés al avalar el Consejo Constitucional la ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo al considerar que no es contraria a la Carta Magna francesa, al tiempo que decidió que corresponde al legislativo, si lo cree oportuno, cambiar la ley para autorizar este tipo de unión.

A diferencia de Bélgica, el Estado español y Países Bajos, en particular, el Estado francés no permite a los homosexuales a contraer matrimonio, pero estableció en 1999 una unión civil, el PACS (Pacto Civil de Solidaridad), para personas del mismo sexo.

El Consejo señaló ayer que la prohibición es compatible con la Constitución y remitió a los políticos la responsabilidad de decidir sobre posibles cambios de la legislación en el Estado francés, donde el 58% de la población apoya este tipo de unión, según un sondeo de TNS Sofres.

Estimó que no es discriminatorio que la ley recoja diferencias entre las uniones homosexuales y heterosexuales y que la definición de matrimonio como unión de un hombre y una mujer tal y como recoge el Código Civil no supone una discriminación.