REFORMA DE LAS PENSIONES
Madrid aprueba el «pensionazo» y anuncia un inminente «pacto global»
El Gobierno español aprobó ayer, en la fecha prevista, la reforma del sistema de pensiones que retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años, eleva los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión y recorta las prestaciones al aumentar el período de cálculo a 25 años. Además anunció que sólo es parte de un pacto global para el que, con el acuerdo alcanzado con UGT y CCOO, ve el camino despejado para avanzar con rapidez.
GARA | GASTEIZ
El Gobierno español cumplió el calendario previsto y aprobó ayer el anteproyecto de Ley que reforma el sistema público de pensiones elevando la edad de jubilación a los 67 años y recortando en la práctica la cuantía de las pensiones.
La reforma llega con el visto bueno de la patronal y con la firma de CCOO y UGT, que han accedido finalmente a que las nuevas generaciones se jubilen con 67 años y tengan que cotizar 37 para poder cobrar la pensión íntegra.
La edad legal de jubilación sólo se quedará en los actuales 65 años para aquellas personas que hayan podido cotizar 38 años y seis meses, algo en la práctica imposible para la mayoría de la ciudadanía, aún más con los períodos de crisis vividos en los últimos años. Para conseguir mantener esa edad, habría que incorporarse a la cotización con algo más de 26 años y no interrumpirla hasta el final de la vida laboral.
El retraso en la edad de jubilación se aplicará de forma gradual. Así, a partir del año 2013 cada año se irá aumentando un mes, hasta 2019. A partir de ese año se irán sumando dos meses más hasta llegar a los 67 años en 2027. De esta forma, en 2013 sólo se exigirán 65 años, en 2019 serían 65 años y 8 meses, y en 2027 los 67 años. Se mantiene la jubilación a los 65 años pero sólo para aquellos que hayan podido cotizar 38 años y 6 meses, período con el que también percibirán el 100 % de la pensión.
La exigencia de los 38,5 años también será gradual; así, cada dos años se pedirán 6 meses más de edad. Si no se llega a los 38 años y 6 meses de cotización se aplicará a la prestación un coeficiente reductor del 1,8 % por trimestre.
Jubilación anticipada
La reforma contempla la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años frente a los 61 actuales, aunque penalizada. Por cada año que se adelante la jubilación se recortará la pensión un 7,5% y el total que se podrá acumular será del 42%. Se mantienen las prejubilaciones a los 61 años para situaciones de crisis, pero en cualquier caso, se necesitarán 33 años cotizados para acceder a la jubilación anticipada.
Tanto quienes puedan retirarse a los 65 como quienes lo hagan a los 67 podrán mejorar su pensión un 3,5% por cada año que alarguen la edad de jubilación más allá del mínimo legal establecido.
El período de cálculo de las pensiones es otra de las novedades que supondrá una reducción en las prestaciones futuras. Si ahora se tienen en cuenta los últimos 15 años cotizados, con la nueva ley, se contabilizarán los últimos 25 años. El plazo de 15 años ya sólo dará derecho a recibir el 50% de la prestación. La transformación será gradual.
Para los jóvenes que tengan becas de formación se permitirá que las empresas coticen por ellos, con un máximo de dos años, al tiempo que el anteproyecto reconoce una pensión para las mujeres con hijos que hayan dejado de trabajar, aunque con un máximo de dos años. El fin, en ambos casos, es contabilizar ese período como cotizado.
En el caso de los autónomos se establece que las bases mínimas de cotización crezcan, al menos, como las medias del Régimen General durante los próximos 15 años.
El cambio del sistema público de pensiones no acabará en 2027 porque el acuerdo prevé que, a partir de esa fecha, cada cinco años se revise el sistema en función de los cambios en la esperanza de vida, el argumento que ha servido para justificar la actual reforma.
Es decir, cada vez que se modifique la esperanza de vida, se hará una revisión del sistema de pensiones para que siempre se mantenga «el equilibrio», abriendo la puerta a alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años.
Lo presentarán a Merkel
El Gobierno español calificó la reforma como «sustantiva». El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que se trata de una reforma que ayudará en la recuperación de la economía española y en la creación de empleo, al tiempo que señaló que garantiza que los contribuyentes de 35, 40 y 45 años sigan recibiendo una pensión «hasta el final de sus días», pero reconoció el objetivo último de la reforma, porque supondrá un «depósito de confianza» de la economía española dentro y fuera del país,
A nadie se le escapa que la reforma obedece a las presiones de los mercados, es decir, de los acreedores de la deuda española. Y el mayor de ellos es Alemania. Precisamente, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá la oportunidad de rendir cuentas a la canciller alemana, Angela Merkel, el próximo miércoles.
Merkel visitará Madrid el próximo día 3 de febrero para presidir junto a Zapatero la 23 Cumbre hispano alemana, y con ella traerá a empresarios alemanes y al presidente de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), Michael Sommer.
Un almuerzo en el palacio de la Moncloa servirá para presentar a la canciller la nueva reforma así como la reforma laboral y el resto de medidas que el Ejecutivo español ha ido adoptando presionado por los mercados y la Unión Europea. Al encuentro han sido invitados los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, firmantes del acuerdo sobre las pensiones.
Un pacto global
Rubalcaba explicó que este pacto es una parte del «gran acuerdo social y económico» que buscaban el Gobierno, patronal y CCOO y UGT desde hace semanas, que, además del acuerdo en pensiones, incluye los cambios en la negociación colectiva, políticas activas de empleo y el desarrollo de la reforma laboral.
El Ejecutivo quiere cerrar en las próximas semanas los acuerdos en políticas energéticas, industriales y en investigación, desarrollo e innovación, que «empezarán a discutirse esta misma tarde, porque el Gobierno quiere «avanzar rápido», afirmó Rubalcaba, quien no observó ya dificultades para sacarlos adelante, una vez «desbrozado el camino y sorteado los principales obstáculos».
También llega el turno ahora de la negociación con los grupos políticos parlamentarios, en las que el Ejecutivo contará con menos oposición que en el caso de la reforma laboral. Rubalcaba anunció que la próxima semana el Ejecutivo llevará la ley de reforma de las pensiones al Congreso, donde en algunos casos «ya hay aproximación», en referencia al PSOE, PNV, CC y CiU, y el PP no ha rechazado, en principio, la reforma aprobada ayer.
A partir de 2027 habrá más cambios porque la edad de jubilación y el resto de elementos del sistema de pensiones se revisará cada cinco años y se adecuará a la esperanza de vida.
UGT y CCOO justificaron ayer la aceptación del endurecimiento del acceso a la jubilación y a sus prestaciones porque «ha evitado destrozar el sistema». Los responsables de Comunicación de UGT y de CCOO, José Javier Cubillo y Fernando Lezcano y los negociadores en materia de pensiones de ambos sindicatos, Carmen López y Carlos Bravo, dijeron que han actuado con «responsabilidad». «No estamos incómodos con la posición de IU y otros partidos, porque tenemos un gran convencimiento de que cuando conozcan el contenido comprenderán que éste es uno de los grande acuerdos firmados en democracia porque ha evitado destrozar el sistema», dijo Cubillo, que no obstante admitió que hará falta una «digestión» del acuerdo.
Como logro, López explicó por ejemplo que han «reorientado» la intención del Gobierno de aplicar «una medida tan brutal» como imponer la edad de retiro a los 67 años para todos y destacó las excepciones a esta norma general. Estimaron que «ha sido un principio de acuerdo duro, pero necesario» y para explicar su satisfacción ante las fuerzas de izquierda, afirmaron que no debe compararse con la situación actual, sino con la que pretendía «imponer» el Gobierno y que han evitado que «destrozara» el sistema de Seguridad Social.
Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme indicaron que el principio de acuerdo con el Gobierno y los sindicatos sobre la reforma de las pensiones supone un paso adelante en el proceso de recuperación del crédito y reducción de los costes de financiación que precisan las empresas españolas. Destacaron en el proceso negociador el objetivo compartido de elevar la edad efectiva de jubilación, «compatible con mantener la necesaria flexibilidad en la jubilación parcial o anticipada en situaciones de crisis». Además, señalaron que en la actual coyuntura es preciso generar confianza hacia los mercados financieros y sentar las bases para una reducción sostenible del déficit público. En el ámbito político El presidente del PP, Mariano Rajoy, expresó la disposición de su partido es llegar a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones, pero, a la vez, pidió al Gobierno que rectifique la normativa de la ley de cajas.
En cambio, el coordinador general de IU, Cayo Lara, afirmó que el Gobierno va a cumplir el deseo del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, «de trabajar más y cobrar menos». Lara señaló que «hoy es un día triste para millones de trabajadores y muy particularmente para los jóvenes y las mujeres, porque el Consejo de Ministros va a aprobar un anteproyecto de ley con un gravísimo recorte a las pensiones futuras».
En Euskal Herria, el secretario general de EA, Pello Urizar, opinó que el acuerdo supone aceptar que el agujero económico que se ha creado se soluciona finalmente retrasando la edad de jubilación de los trabajadores, que no son los responsables de la situación económica no son los trabajadores. Añadió que la huelga general del jueves «era algo que había que hacer indudablemente».
A juicio de Alternatiba, la reforma el sistema de pensiones es una «auténtica tragedia» porque supone «la amputación de derechos sociales y laborales que ha costado mucho conseguir a lo largo de la historia» y dijo no entender que los sindicatos «bendigan este tipo de reducciones». El coordinador general de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, expresó su «más enérgico rechazo» al pacto suscrito entre Gobierno español, patronal, CCOO y UGT, y ha advertido de que el único objetivo «es inyectar capital a los bancos, cuando son ellos quienes nos han colocado en esta situación».
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