La situación creada en Nafarroa no resulta fácil de entender. El veto impuesto a la izquierda abertzale por parte del PNV, el grupo de Uxue Barkos y Aralar, junto a la exigencia realizada ahora a EA para que rompa sus acuerdos estratégicos con la izquierda abertzale si quiere formar parte de la coalición NaBai, resultan incomprensibles. Más en este momento político, cuando en buena lógica las exigencias democráticas deberían dirigirse al Gobierno español y no a los actuales o potenciales aliados. En vez de eso se presiona a EA y se discrimina a la izquierda abertzale. Algo negativo que contrasta con una coalición que siempre se ha presentado como abierta y que lleva por lema una afirmación en positivo.

No obstante, tanto el veto y como la exigencia a EA para que ponga en cuarentena su línea estratégica nacional tienen explicaciones plausibles y relativamente sencillas de comprender. Por ejemplo, la obsesión personal contra la izquierda abertzale de algunas de las personas que han impulsado el veto es manifiesta. La negativa incluso a reunirse con sus representantes es un claro síntoma de ello. Por otro lado, los otros partidos implicados reivindican que su postura responde a un cálculo político legítimo. Lo que traducido a lenguaje llano quiere decir que consideran que la participación en igualdad de condiciones de la izquierda abertzale bajo un programa común y el protagonismo político que ha ganado EA al promover un eje independentista sólido y coherente les perjudica. El problema, como se puede comprobar, no es de comprensión de las causas que han provocado esta situación, sino de la perversidad que traspiran esas explicaciones, que no son ni positivas ni edificantes y que resultan inaceptables desde un punto de vista democrático y abertzale. Además, esos cálculos marginan un factor crucial para entender el momento político y su dimensión electoral: la capacidad de generar ilusión.

Si Nafarroa es cuestión de Estado para los unionistas, quienes defienden un Estado vasco deberían actuar en consecuencia. Los compromisos comunes deben ser con el país y con su gente. Y las garantías deben blindar el futuro, no el pasado.