La situaci�n creada en Nafarroa no resulta f�cil de entender. El veto impuesto a la izquierda abertzale por parte del PNV, el grupo de Uxue Barkos y Aralar, junto a la exigencia realizada ahora a EA para que rompa sus acuerdos estrat�gicos con la izquierda abertzale si quiere formar parte de la coalici�n NaBai, resultan incomprensibles. M�s en este momento pol�tico, cuando en buena l�gica las exigencias democr�ticas deber�an dirigirse al Gobierno espa�ol y no a los actuales o potenciales aliados. En vez de eso se presiona a EA y se discrimina a la izquierda abertzale. Algo negativo que contrasta con una coalici�n que siempre se ha presentado como abierta y que lleva por lema una afirmaci�n en positivo.

No obstante, tanto el veto y como la exigencia a EA para que ponga en cuarentena su l�nea estrat�gica nacional tienen explicaciones plausibles y relativamente sencillas de comprender. Por ejemplo, la obsesi�n personal contra la izquierda abertzale de algunas de las personas que han impulsado el veto es manifiesta. La negativa incluso a reunirse con sus representantes es un claro s�ntoma de ello. Por otro lado, los otros partidos implicados reivindican que su postura responde a un c�lculo pol�tico leg�timo. Lo que traducido a lenguaje llano quiere decir que consideran que la participaci�n en igualdad de condiciones de la izquierda abertzale bajo un programa com�n y el protagonismo pol�tico que ha ganado EA al promover un eje independentista s�lido y coherente les perjudica. El problema, como se puede comprobar, no es de comprensi�n de las causas que han provocado esta situaci�n, sino de la perversidad que traspiran esas explicaciones, que no son ni positivas ni edificantes y que resultan inaceptables desde un punto de vista democr�tico y abertzale. Adem�s, esos c�lculos marginan un factor crucial para entender el momento pol�tico y su dimensi�n electoral: la capacidad de generar ilusi�n.

Si Nafarroa es cuesti�n de Estado para los unionistas, quienes defienden un Estado vasco deber�an actuar en consecuencia. Los compromisos comunes deben ser con el pa�s y con su gente. Y las garant�as deben blindar el futuro, no el pasado.