La Justicia italiana decidió juzgar a partir del 6 de abril al jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, por prostitución de menores y concusión [abuso de funciones] en el marco del escándalo sexual que se ha dado en llamar «caso Rubygate».

La decisión fue adoptada por la jueza Cristina di Censo, quien estableció que Il Cavaliere sea «juzgado inmediatamente», un procedimiento particularmente rápido previsto por el Código Penal italiano y que se basa en «pruebas evidentes».

La cita está fijada para las 9.30 del 6 de abril, y la audiencia estará presidida por tres magistradas -Carmen d'Elia, Orsolina de Cristofaro y Giulia Turri- que serán las encargadas de juzgar a Berlusconi por los hechos que se le imputan.

Según el sumario presentado ante la jueza Di Censo por la Fiscalía, el primer ministro italiano habría mantenido relaciones sexuales con la joven Kharima Al-Mahroug, Ruby, cuando tan sólo tenía 17 años, e intercedió ante la Policía de Milán el pasado mayo para su puesta en libertad después de que fuera detenida por robo.

Tanto el mandatario italiano como la joven han negado haber mantenido relaciones sexuales, aunque Ruby admitió, según recogía ayer France Presse, que Berlusconi le dio 7.000 euros tras su primer encuentro.

Di Censo considera que los dos delitos de los que acusa al primer ministro están unidos ya que, como defiende el Ministerio Público, el delito de abuso de poder se cometió para evitar que saliera a la luz el segundo delito, prostitución de menores, informó Efe.

Se trataría de la primera vez que un jefe de Gobierno es juzgado por prostitución de menores y por haber «abusado de su calidad» de primer ministro.

«No se ha cometido ningún delito no hay víctimas, es un proceso inventado por los medios de comunicación», se quejó Daniele Capezzone, portavoz de la formación política fundada por Il Cavaliere, el Pueblo de la Libertad (PdL).

El ejército de abogados de Berlusconi rechaza toda acusación de abuso de poder y asegura que Berlusconi intervino ante la Policía porque estaba convencido de que Al-Mahroug era «sobrina del presidente egipcio Hosni Mubarak» y quería conservar las buenas relaciones con ese país.

La estrategia de los defensores del multimillonario político, anunciada por el abogado Nicolo Ghedini, diputado del PdL, es la de recusar al tribunal de Milán, al que acusa además de «estar politizado y al servicio de la izquierda».

El Código Penal contempla penas de entre cuatro y doce años de cárcel por abuso de poder, y de entre seis meses a tres años por prostitución de menores.

Si bien Berlusconi no está obligado a presentarse a las audiencias, su situación judicial es complicada desde que el 13 de enero la Corte Constitucional anulara parcialmente la ley que le garantiza la inmunidad hasta octubre, lo que implica la apertura de procesos pendientes.

Dimisión

Los líos judiciales del primer ministro lo debilitan tanto política como moralmente, por lo que la oposición sigue reclamando su renuncia y pide elecciones anticipadas, mientras su principal aliado, Umberto Bossi, le garantiza la mayoría en el Parlamento.

«Si fuéramos un país normal, el jefe de Gobierno renunciaría inmediatamente ante tal acusación», comentó Susanna Camusso, secretaria general del mayor sindicato italiano, CGIL.

Pero Berlusconi, que niega todos los cargos y se defiende acusando a los jueces de querer aniquilarlo políticamente, ha sobrevivido ya en varias ocasiones a varios escándalos sexuales, acusaciones de corrupción y vínculos con la mafia.