La Administración del Estado español utiliza la toponimia oficial de Catalunya -Lleida y Girona- desde 1992 y la de Galicia -A Coruña y Ourense- desde 1997. Es decir, las denominaciones de estas provincias en sus respectivos idiomas nacionales son de obligado uso tanto para las instituciones estatales como para las empresas privadas en cualquier trámite de carácter oficial (por ejemplo, a la hora de escribir la dirección de un cliente a quien se dirige una factura de electricidad).

Ayer, el Parlamento español inició la tramitación de una iniciativa del PNV para que asuma la toponimia oficial de los tres territorios englobados en la CAV, recogida en las respectivas normativas de las diputaciones forales: «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia».

El PP, que en su día apoyó el cambio de la toponimia de Galicia, se opone a esta medida, entre otras razones, porque cree que «erradicará» los nombres en castellano.