La Federación Española de Ciclismo comunicó ayer que no sancionará al triple ganador del Tour, Alberto Contador, por su positivo por clembuterol. El «caso Contador» llega así al final de la primera etapa de una carrera que, muy probablemente, tendrá otras con los recursos que la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje interpondrán ante el Tribunal de Arbitraje Internacional.

Lo ocurrido en este caso, sin embargo, ha adquirido una dimensión política que establece unos precedentes y un doble rasero totalmente criticables. Observar la presión del presidente español hablando de falta de razones jurídicas o los editoriales de poderosos medios españoles haciendo del caso una cuestión de Estado instaura un agravio comparativo en relación a otros deportistas sancionados por dopaje que resulta inadmisible y de vergüenza. Y además, dando por buena la teoria del solomillo contaminado de Irun, dirige el espectro de la sospecha a ganaderos y carnicerías. Pero es el Estado español quien está bajo sospecha y ha perdido una buena oportunidad para limpiar su imagen internacional: la sospecha de ser un reino dorado para el dopaje con redes organizadas y con cobertura al más alto nivel.