Acuerdo sobre víctimas de la violencia estatal
Lakua deberá utilizar el listado de víctimas del informe de Jon Landa
PNV, PSE, Aralar, EA y EB registraron ayer en el Parlamento su proposición no de ley sobre víctimas de la violencia estatal que recoge, entre otros puntos, que el Gobierno de Lakua debe contactar con estas personas utilizando la información sobre las mismas de las que dispone. Hasta la fecha, el trabajo más completo en esta materia es el que dirigió el anterior director de Derechos Humanos, Jon Mirena Landa, en 2008, durante el mandato del tripartito de Ibarretxe.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Los grupos del Parlamento de Gasteiz, a excepción del PP y UPyD, registraron ayer conjuntamente una «proposición no de ley sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política» en la que instan al Gobierno a «constituir de manera inmediata un espacio institucional y administrativo» para atender a dichas víctimas, y a «poner en marcha medidas y actuaciones destinadas a su reconocimiento».
Entre las exigencias se incluye también la de «instaurar un mecanismo accesible y cercano de contacto con las personas que se consideran víctimas, utilizando para ello la información sobre las mismas que existe ya en el Gobierno».
Hasta la fecha, el listado de víctimas de la violencia estatal más completo que obra en poder del Gobierno es el realizado en 2008 por el director de DDHH, Jon Mirena Landa, cuando Joseba Azkarraga ocupaba el Departamento de Justicia.
Al menos 75 muertos
Ese informe identifica al menos 75 muertos por actuaciones policiales y parapoliciales. Se detallan 9 muertes de personas bajo custodia policial, 19 en controles de carretera o similares, 8 por confusiones o abusos, 15 en altercados con agentes implicados y 30 en manifestaciones o protestas. En cuanto a la actuación de elementos parapoliciales o ultras, se registran 5 muertes en atentados, un secuestro y muerte, una violación y muerte y dos casos en manifestaciones.
Los heridos son miles. Cabe destacar que sólo las denuncias de torturas recogidas oficialmente por el Parlamento de Gasteiz hasta el año 2000 eran más de 6.000. El informe de Jon Landa mostraba también la necesidad de abordar la cuestión de las conculcaciones de derechos en prisión.
Violaciones reivindicadas
El informe de Jon Landa recuerda las razias realizadas por elementos ultraderechistas y parapoliciales. Se identifican hasta nueve violadas sexualmente cuyas agresiones tuvieron luego una reivindicación política. Además, hay un total de 26 personas que fueron secuestradas, interrogadas y golpeadas.
En lo referente a los casos de heridos por agresiones o víctimas de atentados frustrados, se recogen en torno a 200 casos, que van desde palizas al envío de explosivos al domicilio.
Estos datos no son más que una somera muestra de las consecuencias de la violencia estatal y paraestatal padecida en Euskal Herria en las últimas décadas y sobre la que se ha intentado dejar caer un manto de silencio y olvido.
El PP aseguró estar de acuerdo con el reconocimiento y reparación de estas víctimas, pero se opone a que se cree una ponencia parlamentaria que pueda dar lugar a una «manipulación política». Insiste en que no se debe «construir» un colectivo que se contraponga a las víctimas del terrorismo.
Los firmantes de la proposición no de ley comparecieron juntos ante los medios, satisfechos del consenso alcanzado. El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate subrayó que es «un paso importante en el reconocimiento y reparación» de estos damnificados y confió en que contribuya a avanzar en la «reconciliación» de la sociedad vasca. Desde el PSE, Jesús Loza lamentó la falta de «unanimidad» en torno a la iniciativa y subrayó que las medidas contempladas en ella «en absoluto» suponen una equiparación entre víctimas. A su entender, el texto «incrementa la legitimidad» del Estado de Derecho.
La portavoz de Aralar en la Cámara autonómica, Aintzane Ezenarro, declaró que «estamos ante el acuerdo transversal más importante de la legislatura». Añadió que es «un paso muy importante de cara al futuro también porque quiero recordar que estas víctimas han sido doblemente olvidadas y que esta sociedad les debe, como al resto de las víctimas, reconocimiento y reparación».
Juanjo Agirrezabala, de EA, remarcó la importancia de que vaya a ser la ponencia quien marque las líneas a seguir por el Gobierno y que se actúen sin límites ni restricciones dando cabida a todas las víctimas, incluidas, por ejemplo, las de la tortura. Apuntó también que «el texto consensuado no deja lugar a que haya jerarquizaciones entre víctimas, unas de primera y otras de segunda».
Por parte de EB, Mikel Arana confió en que este sea «el primer paso para una Euskadi reconciliada». GARA
