Los colectivo sociales de Bizkaia mantienen la campaña en contra de los recortes sociales que el Gobierno de Lakua está aplicando a quienes sufren exclusión social y pobreza. En una carpa que habilitaron en el Arenal de Bilbo denunciaron los obstáculos que se están poniendo para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos y las Ayudas de Emergencia Social, a la vez que repartieron octavillas en las que se podían leer que la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, percibe «93.000 euros al año y dietas» y en la que se decía «¡Jódete! Porque vamos a recortar más las pensiones, las prestaciones sociales y los salarios».

Victor Villares, educador social en un centro de día de Bilbo, explicó a GARA que esta situación es «muy dolorosa» porque «son ya 750 familias a las que se les está negando la renta de garantía de ingresos para poder sobrevivir. Nos ponen como excusa que para percibir esas ayudas se debe estar obligatoriamente dado de alta como demandante de empleo, pero con pensionistas, por ejemplo, ese articulado no sirve. Sin embargo hacen oídos sordos».

A su juicio, la consejera Zabaleta lanzó el mensaje de que había fraude «como una tapadera para llevar adelante los recortes a los más pobres e indefensos de la sociedad, porque ni actúan contra el enorme fraude fiscal que existe en la actualidad ni tampoco les hemos escuchado decir nada de recortar las enormes ayudas que entregan a los empresarios o a los banqueros, que nos están demostrando un día sí y otro también que están logrando enormes beneficios económicos, mientras una parte de la población vive en la pobreza».

Recordó, por otro lado, que también los recortes se están extendiendo a las ayudas de emergencia social, dado que «han endurecido los requisitos, porque antes podían contar con un patrimonio de 12.000 euros, pero se ha rebajado a 8.000 euros».

En estos momentos, con una vez que pidas la AES «ya está, no puedes volver a pedir. Antes si cumplías los requisitos podías pedir las veces que necesitaras». También en el caso de la Renta de Garantía de Ingresos, «sólo se permite cobrar a dos personas por cada domicilio, antes era ilimitado». La realidad, como denunció, es que hay 34.000 expedientes paralizados.