El Gobierno español aprobó ayer reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora. La medida, de carácter temporal y argumentada por la necesidad de ahorro energético, supondría, según ha estimado el Gobierno, una reducción entre un 10% y un 15% de consumo energético. Esta nueva medida se hizo pública en un contexto de crisis del petróleo, con el precio de los combustibles disparado y una carestía de la vida general para las clases trabajadoras.

Independientemente del debate sobre que el ahorro de combustible no sólo depende de la velocidad a la que se conduce, sino también de cómo se conduce, de que no podrá ser operativa sin más radares y más multas y que pueda tener como objetivo hacer caja, recaudar más, con esta decisión el Gobierno tiene asegurado un primer punto: toda la gente hablará del tema. Y marcará agenda informativa. Podrá utilizarse como una gran cortina de humo para no hablar de otras cuestiones, como el desastre económico del Estado, su dependencia del crédito y la energía exterior o el saqueo programado de los bienes colectivos y las conquistas sociales.