El movimiento cooperativo vasco ha presentado un contencioso administrativo contra el Ejecutivo de Patxi López por haber sido excluido del Consejo de Administración de Lanbide, donde ser adoptarán medidas que también afectarán a las sociedades cooperativas. A juicio de los cooperativistas es una decisión «injusta y discriminatoria».

Patxi Ormazabal, presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Juan Mari Concha, de Erkide, José Miguel Mera, de las cooperativas agroalimentarias, Gonzalo Sáez de Ibarra, de los Transportistas, y Agustín Mendiola, director de la Confederación, dijeron que la decisión de excluir a las cooperativas es «producto de Confebask, pero aceptado por el Gobierno de Gasteiz y de quienes integran la actual mesa de diálogo social».

Los cooperativistas pretendían uno o dos puestos de los cinco que están reservados para Confebask, porque «somos una realidad viva que emplea a más de 70.000 trabajadores, 55.000 de los cuáles son socios. Está integrado por 1.450 empresas de trabajo asociado, dos cooperativas de crédito, 16 de consumo, 112 de enseñanza y 110 del sector de la agroalimentación».

Además, como explicó Ormazabal, «tenemos un 90% de representatividad entre las cooperativas», aspecto que Confebask «no cuenta ni de lejos entre las empresas que dice representar».

Culpan a Confebask

Para el presidente de la Confederación, el Gobierno de Lakua «obvia la realidad» de forma «deliberada» al otorgar «toda la representatividad de las empresas», una actitud que, según sus palabras, no aplica a los sindicatos, a los que respeta su representación real. En su opinión, esta situación deviene del diálogo social protagonizado por el Ejecutivo autonómico, UGT, CCOO y Confebask.

Las cooperativas culpan de forma directa a Confebask de esa discriminación, puesto que se conoce que cuando el Gobierno de Lakua aprobó el anteproyecto de Lanbide éste fue remitido al CES Vasco para su estudio, pero «Confebask dijo que no se iba a tratar allí. Así fue, el Gobierno lo retiró. Es incomprensible que el Gobierno haya cedido a esos intereses monopolistas de Confebask».

El Departamento de Empleo se reafirmó ayer en su postura e indicó que «serán los juzgados los que terminen con esta polémica. Sin embargo, no pudo justificar que el veto a las cooperativas sea legal, dado que ya están presentes en otros organismos.