Los despidos masivos de trabajadores y la falta de respuestas directas desde las Administraciones públicas en materia de empleo provocaron el año pasado que 55.020 familias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa necesitaran el apoyo de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para subsistir. Supuso un aumento del 13%, es decir 6.531 familias más que tuvieron que ser ayudadas, la mayoría en Bizkaia.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, Gemma Zabaleta, explicó que invirtieron 314,8 millones en esa renta, aunque inicialmente estaba presupuestada en 33,4 millones menos.

Estos dos últimos años, según dijo Zabaleta, son los de «mayor gasto» y recordó que la CAV es la que más destina a nivel del Estado español a ayudas sociales. Siempre ha sido así, pero el gasto en protección social de la CAV y Nafarroa no llega al 20% del PIB, lo que sitúa a Hego Euskal Herria casi ocho puntos alejado de la media de la Unión Europea. En 2010, se entregaron 24 millones en ayudas de emergencia social (AES), pero un tercio de las solicitudes no encontraron apoyo, debido al recorte producido.

Los colectivos sociales han denunciado las fórmulas e impedimentos que han impuesto desde Lanbide, que gestiona las ayudas sociales, para evitar que los afectados puedan percibir la renta de garantía de ingresos. En este sentido, hay que recordar que un 39,16% de los parados vascos no recibe ningunaprestación.

El Instituto de Estudios Económicos reconoció que los jóvenes son los que más temporalidad soportan de la OCDE.