La Fiscalía del Tribunal Supremo presentará hoy mismo ante la Sala especial del 61 la demanda para tratar de impedir que Sortu sea inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y evitar así su concurso en los próximos comicios municipales y forales.

Según difundieron ayer las agencias de información españolas, la demanda contra Sortu, que será presentada por el fiscal-jefe del Alto Tribunal, Antonio Narváez, coincide en la argumentación que ha empleado la Abogacía del Estado en su impugnación, realizada el jueves. Así, el Ministerio Público defiende que cuenta con «pruebas documentales» que revelan que Sortu «no es un partido, sino el mero intento de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley para mantener a la desesperada la presencia de ETA en un horizonte político al que ya sabe que no va a llegar de ninguna manera». Línea argumental que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya adelantó el viernes a los medios.

Sortu, heredera de Batasuna

En los escritos que presentarán hoy en Interior, la Fiscalía adelanta que expondrá documentación «probatoria y concluyente» de que Sortu es una mera consecución de Batasuna. Por ello, la demanda se interpondrá empleando la vía del incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna.

Esta demanda, además, incluirá el informe policial que envió el viernes la Guardia Civil. Un escrito que añadiría nuevos «contraindicios» de que Sortu no habría hecho nada por «desmarcarse de la violencia de ETA», pese a la literalidad de sus estatutos. Al respecto, según aseguraban las agencias de información, el escrito que presentará hoy la Fiscalía destacará el silencio mantenido por la nueva formación política de la izquierda abertzale tras la detención de cuatro vecinos de Bilbo la semana pasada.

Antes de que se llevara a cabo el operativo policial o la quema de contenedores de Gasteiz -que aún está por saber si realmente fue un acto de kale borroka- , la propia Fiscalía española ya había adelantado que Sortu debía repudiar la violencia de ETA, «tanto anterior como posterior», para acreditar, «no sólo formalmente, sino materialmente», su desvinculación con la organización armada.

Sortu, por su parte, hizo público un comunicado en el que señalaba que se mantendrían «al margen de los acontecimientos políticos diarios y de hechos de naturaleza diversa, hasta disponer de un estatus de legalidad que permita una actuación y posición política acordes con los principios y compromisos» de los que se ha dotado en su fundación.

El jueves, tras presentar la Abogacía del Estado su demanda contra Sortu, fue cuando se constituyó para la ocasión la Sala del 61. Acto seguido, suspendió la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.