De esta manera, el término «politseiski» (Policía), desterrado en su tiempo por su connotación de «esbirro del Estado burgués», resucita casi un siglo después de su desaparición y cuando se cumplen veinte años de la caída de la Unión Soviética.

La iniciativa, promovida por el presidente ruso, Dmitri Medvedev, tiene como objetivo una profunda reestructuración de los órganos del Ministerio del Interior a fin de aumentar su eficacia.

La reforma incluye el cese de todos los miembros de la plantilla, integrada actualmente por cerca 1,3 millones de personas, que continuarán en funciones y serán recontratados tras un proceso de selección en el curso del cual el personal del Ministerio será reducido en un 20 % antes del 1 de enero del año 2012.

Desde el 1 de marzo, los policías tendrán la obligación de explicar al detenido su derecho a asistencia jurídica, a los servicios de un traductor y a negarse a prestar declaración, y deberán informar de su detención a sus familiares.

Los detenidos podrán realizar una llamada telefónica, derecho que no se extiende a las personas que en el momento de su detención se hallaban prófugas.

La nueva ley prohíbe expresamente la tortura, al señalar que «el agente de Policía tiene la obligación de frustrar toda acción premeditada que cause dolor físico o moral al ciudadano».

Además, los agentes policiales que cumplan servicio en lugares públicos deberán llevar un placa con su nombre y apellido y el número de la unidad a la que pertenecen.

Aunque la ley autoriza a los policías a entrar en viviendas sin autorización judicial en caso de situación de peligro para los ciudadanos, no podrán hacerlo sin la autorización de los moradores para «esclarecer circunstancia de la comisión de un delito».

La Policía estará facultada para solicitar información sobre operaciones bancarias de empresarios y personas jurídicas durante la investigación de delitos, pero no podrá ejercer ese derecho hasta la apertura de causas penales.

Según la nueva ley, la composición del cuerpo policial, así como la reorganización o liquidación de sus unidades, es prerrogativa del jefe del Estado.

La reforma de la «militsia» ha sido recibida con escepticismo por la oposición y activistas en favor de los derechos humanos, que consideran que no supondrá una mejora radical del funcionamiento del Ministerio del Interior, al que las encuestas señalan como una de las instituciones más corruptas del país.

«Simulación de reforma»

«No veo nada en la ley que permita abrigar esperanzas de un cambio radical en el sistema de las fuerzas del orden», señaló a la agencia Interfax Oleg Orlov, director de la organización de defensa de los derechos humanos Memorial.

Para el líder del movimiento Por los Derechos Humanos, Lev Ponomariov, la nueva ley es «una simulación de reforma», ya que en mucho repite la que regulaba las labores de la «militsia».

«Hay algunas cosas que están peor, también hay mejoras. Se afirma públicamente que la Policía debe rendir cuentas ante la sociedad, no abusar de la violencia. Pero es más que obvio que no se debe aporrear a todo el mundo», comentó Ponomariov.

Según Ilia Yashin, uno de los líderes del movimiento opositor Solidaridad, la nueva ley «repite todos los grandes vicios» del anterior sistema, «el más grave de los cuales consiste en que, de hecho, nadie controla la labor de las fuerzas policiales».

«No es una reforma, es un cambio de nombre. Si cambian la forma y el nombre no significa que cambie el contenido», dijo Yashin, quien ejemplificó: «Si usted llama `Mercedes' a un `Zaporozhets' (utilitario fabricado en Ucrania) no por eso el coche irá más rápido o será más confortable».