El concejal del Ayuntamiento de Donostia y vicepresidente de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, Denis Itxaso (PSE), tuvo que declarar ayer en la Audiencia Provincial de Donostia por la querella criminal que presentaron el concejal de Usurbil Imanol Azpiroz y la Mancomunidad de San Marcos en su contra a finales de setiembre de 2010.

San Marcos acusa a Denis Itxaso, que ocupa el cargo de representante del Ayuntamiento donostiarra en la Mancomunidad, de un delito de amenazas. También le denuncian por un supuesto delito de falsedad en documento público y otro de utilización en juicio de documento falso, sin conocer la identidad exacta de los responsables. Un informe que realizó el secretario de la Mancomunidad el pasado año destapó cómo los estatutos supuestamente vigentes «no están legalmente aprobados en ningún ayuntamiento, ni tan siquiera por la propia junta de la Mancomunidad con carácter inicial»; las modificaciones que se hicieron en 1989 no fueron publicados en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Aun así, desde entonces, la actividad de la mancomunidad se ha basado en dichos estatutos. Así pues, San Marcos pide a los jueces que abran las vías necesarias para investigar la identidad exacta del responsable del delito de falsedad, que está penado con prisión de tres a seis años. Resaltan, además, que los responsables pueden ser varios si se ha cometido el delito continuado. En este sentido, el querellante alerta de que «esa falsedad ha sido clave» para la consumación del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Gipuzkoa y las mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-Erdia, Urola-kosta y Tolosaldea para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK). En el escrito de la acusación se valoran los hechos «de una gravedad mayúscula», por las consecuencias políticas y económicas que tiene «si repara en los millones de euros que se mueven con la gestión de los residuos».

En segundo lugar, acusan directamente a Itxaso de un delito de amenazas, castigado en el Código Penal español con prisión de tres meses a un año. Tras el informe que realizó el secretario de la Mancomunidad, donde aclaraba que los estatutos no estaban legalmente aprobados, Itxaso le dirigió un escrito. Según relata la acusación, el escrito que llevaba en membrete del Ayuntamiento de Donostia no pasó por el registro de salida y en ella «se amenaza al secretario `advirtiéndole de las responsabilidades de todo tipo en que pudiera incurrir y que este Ayuntamiento está dispuesto a exigir'». Itxaso le ordenaría «reponer en la página web los estatutos» que, en realidad, eran falsos, porque nunca habían sido aprobados legalmente. Los querellantes consideran que se trata de una «conducta indebida, además de delictiva, la comisión de una falsedad cuando se ha informado al respecto de su contenido falso».