La Dirección del Gobierno de Lakua para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género ha elaborado un protocolo para atender a las víctimas de la explotación sexual y ha lanzado una campaña que anima a la ciudadanía a «no ser cómplice» y denunciar un fenómeno que «no es ajeno».

En la rueda de prensa celebrada en Bilbo, la responsable de la dirección, Mariola Serrano, aseguró que en la CAV «la trata de seres humanos existe» y «puede ocurrir en el piso de al lado», aunque reconoció que carece de «datos fiables» sobre el número de mujeres que pueden estar sufriendo explotación sexual tras haber llegado a Euskal Herria «engañadas» sobre su trabajo y sus condiciones.

Tres publicaciones

El protocolo de atención a las víctimas de la explotación sexual, calificado de «pionero» por Serrano, incluye la edición de una guía de recursos dirigida a los profesionales y a la sociedad en general, una segunda guía y un tríptico editados en diez idiomas y orientados para las mujeres que podrían ser víctimas de explotación sexual.

La primera guía define la trata de personas, expone los derechos de las víctimas, enumera las asociaciones donde recibir información y atención e incluye ¯al igual que las otras dos publicaciones¯ el número de teléfono operativo las 24 horas del día para atender a las víctimas de la violencia de género en la CAV.

La segunda guía, que está redactada en «un lenguaje claro y fácilmente comprensible», ayuda a las mujeres a identificarse como víctimas y les proporciona información sobre sus derechos y sobre los servicios de asistencia a su disposición.

Por último, también han editado un tríptico más pequeño para que sea repartido en locales donde se ejerce la prostitución, que recoge el testimonio de una mujer que denunció su situación. No obstante, Serrano recalcó que esta iniciativa no se refiere a la prostitución, salvo cuando esta sea «forzosa».

El objetivo de este protocolo es animar a las mujeres afectadas a denunciar su situación. Las que acudan a las autoridades tienen un periodo de treinta días para decidir si colaboran con la investigación policial. Durante esos días estarán protegidas, y si deciden colaborar se les otorgará el permiso de residencia y trabajo o, si lo prefieren, podrán volver a su país de origen.