La vista en el Juzgado de lo Social de la demanda de recargo de prestaciones del 50% por falta de medidas de seguridad contra Fertiberia y Ercros, sucesoras de Explosivos Río Tinto, por el fallecimiento de Jesús Arrojo Santamaría debido a un mesotelioma por haber estado en contacto con el amianto sacó a la luz la falta de escrúpulos de los representantes legales de las empresas. Una buena parte de la vida laboral del fallecido se desarrolló en Ceplástica, empresa del grupo Unión de Explosivos Río Tinto, en la planta de Basauri. El abogado de Ercros, sucesora de ésta, aludió de forma reiterada a las inundaciones de 1983 para indicar que la documentación sobre los historiales médicos de los trabajadores desapareció en medio de esa crecida de aguas.

Al igual que la abogada de Fertiberia, intentó así exculpar a la empresa de haber trabajado con amianto y no haber utilizado ninguna medida de prevención para evitar el daño a los trabajadores, pero tampoco se informó ni a la plantilla de los riesgos, ni se les hicieron análisis de control médico específicos.

Un ex compañero del fallecido, Secundino Marcos, confirmó que en la empresa de Ceplástica, importadora de amianto en los años setenta, los trabajadores de mantenimiento estaban en contacto directo «sin protección» con el mismo cuando reparaban las tuberías, los hornos y las juntas de la maquinaria que llevaban ese mineral.

Marcos, además, señaló con rotundidad que esos expedientes médicos no se los llevó el agua como adujo el abogado de Ercros, porque estaban en una zona resguardada. En realidad dio igual, porque, como respondió, «sólo nos hacían controles médicos normales, venía una furgoneta para ello. Nada del otro mundo», a pesar de que una parte de la producción se hacía con amianto, de hecho muchas de las baldosas que se fabricaban tenían revestimiento del mineral cancerígeno.

El testigo también rechazó el argumento del abogado de Ercros en el que se decía que en la empresa había un sistema de ventilación para evitar que las fibras de amianto fueran inhaladas por una plantilla de 900 trabajadores que tenía Ceplástica «en sus buenos tiempos».

Ercros llevó incluso a un médico de su planta de Galdakao para confirmar los controles médicos, pero fue incapaz de presentar datos concretos, como le reprochó la abogada de la familia de Jesús Arrojo.

La abogada de la Seguridad Social, por otro lado, dejó las cosas claras ante los representantes legales de las dos empresas porque confirmó que al trabajador se le había reconocido una enfermedad profesional derivada del contacto directo con el amianto. «Ambas empresas no están aquí por casualidad, sino porque el trabajador estuvo entre 1971 a 1983 en Ceplástica, después propiedad de Ercros, y entre 1984 a 1988 en Fertiberia». También criticó que el médico especialista de Ercros «llegó sin ningún soporte documental de prueba» sobre cuándo o cómo las inundaciones se llevaron los supuestos historiales médicos de los trabajadores de la planta de Basauri. Sin embargo, dio valor a las declaraciones del ex compañero de Jesús Arrojo «por la claridad con que se expresó» y al informe de la Inspectora de Trabajo Livia Martínez, que informó de esos detalles.

La representante de la Seguridad Social dejó en el aire la duda -presente en otros juicios- sobre si existía antes de 1982 una legislación específica preventiva por el tema del amianto. Este tema está resuelto por la jurisprudencia que confirma en diferentes sentencias que desde 1940 ya se conocía el efecto cancerígeno del asbesto y la necesidad de la prevención, sobre lo que también se incidió en los años sesenta. El problema está en que los empresarios no pusieron las medidas adecuadas de prevención y protección a los trabajadores para obtener más beneficios.