Las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa defenderán hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) las ayudas que concedieron en la década de los noventa a empresas de nueva creación, conocidas como «vacaciones fiscales», después de que fueran consideradas ilegales en primera instancia.

Los representantes legales de las diputaciones, junto al Gobierno de Lakua y la Abogacía del Estado, reclamarán la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de setiembre de 2009 contra las medidas fiscales, en una vista oral en la sede de la máxima instancia judicial europea en Luxemburgo. Tras años de procedimientos judiciales, en 2001 la Comisión Europea consideró que eran incompatibles con el mercado común y ordenó al Estado español que las suprimiera y que recuperase las ayudas.

Las diputaciones recurrieron pero el Tribunal Europeo confirmó el 9 de setiembre de 2009 la ilegalidad de las medidas. Hoy el Tribunal de Justicia de la UE, escuchará las alegaciones de las partes para solventar el último recurso de las diputaciones.

Las diputaciones argumentarán que ya se han recuperado los importes. La portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, afirmó ayer que las empresas ya han devuelto mucho más de lo que sostiene la UE. El Gobierno de La Rioja también participa en el proceso del lado de la CE y ayer dijo sentir «vergüenza y tristeza» al sentirse más protegido por la Comisión que por el propio Ejecutivo español.

Una vez celebrada la vista, el Tribunal podrá tardar varios meses en pronunciar sentencia. La Comisión prevé solicitar al Tribunal la imposición de una multa por considerar que no se han recuperado la totalidad de las ayudas concedidas. Bruselas estimó que la multa ascendería a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto hasta que se acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.