Las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa pidieron en una vista oral ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) que las empresas que se beneficiaron de las «vacaciones fiscales» de 1993 no deban devolver las ayudas por considerar que se produjo una situación de «indefensión» en el expediente abierto por el Ejecutivo comunitario.

Por contra, la Comisión Europea y el Gobierno de La Rioja instaron al Tribunal a que desestime el recurso de las diputaciones y confirme la sentencia dictada en primera instancia en setiembre de 2009. Este fallo concluyó que las «vacaciones fiscales» son ayudas públicas ilegales y que las autoridades competentes deben recuperarlas. Por su parte, la abogacía del Estado intervino en la vista para sumarse a las tesis defendidas por las diputaciones vascas.

Sentencia, en dos o tres meses

La sentencia podría producirse en dos o tres meses, según dijo el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, al término de la vista, en declaraciones difundidas por Europa Press. «La Comisión, teniendo conocimiento de una denuncia desde el año 94, no actúa hasta el año 2000 y por lo tanto existe una indefensión. Dada esta situación que se ha producido, estas ayudas no deberían ser recuperadas», sostuvo.

Iruarrizaga defendió que «la actuación de la Diputación en todos los momentos y de todas las personas que han pasado por ahí ha sido una actuación responsable». Además, subrayó que ninguna empresa de La Rioja se ha implantado en Bizkaia como consecuencia de las «vacaciones fiscales».

Desde Donostia, el diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González, señaló que parece que hay «impulsos políticos que mueven a activar o desactivar» este expediente, que tiene «una trascendencia fundamental para los intereses de Euskadi» y que «no ha tenido un ciclo de vida» como el resto. También dijo que si la resolución fuera negativa, la Diputación puede defender con «total rotundidad que todas las ayudas otorgadas como deducción» han sido recuperadas. Por contra, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, denunció que la «multa» por las ayudas fiscales la van a tener que pagar «a escote los currelas» gracias la «política fiscal de nuestros diputados generales».

Las medidas declaradas ilegales por el Tribunal en primera instancia, que estuvieron vigentes en los años 90, establecían una exención del Impuesto de Sociedades para algunas empresas de reciente creación, una reducción de la base imponible del mismo impuesto en favor de sociedades de reciente creación y un crédito fiscal del 45 % del importe de las inversiones.