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Editorial 2011/3/1

Prevenir la tortura

EL CORREO

El Tribunal de Derechos Humanos europeo ha condenado a España a indemnizar con 23.000 euros a Aritz Beristain en una sentencia coincidente con la que hace seis meses dictó en el caso de Mikel San Argimiro. La razón es que las denuncias de malos tratos formuladas por ambos no merecieron «una investigación más en profundidad» por parte de las instancias judiciales españolas, que las desestimaron por falta de pruebas sin atender, en lo que se refiere a Beristain, a los indicios de los exámenes médicos que se le practicaron durante la detención en 2002. La indicación del Tribunal de que se proceda a «una investigación oficial efectiva» ante tales situaciones obliga a los poderes del Estado a velar escrupulosamente por el cumplimiento de los convenios internacionales contra la tortura suscritos por España, el europeo y el de Naciones Unidas. En virtud de este último, al comenzar el pasado año se puso en marcha el «mecanismo nacional de prevención», dependiente del Defensor del Pueblo, pero cuya limitación de medios humanos y materiales impide el desarrollo de una labor eficaz en la supervisión de tantos centros de detención y reclusión. (...)

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