La crisis nuclear desatada en Japón tras el devastador terremoto que asoló este país el viernes pasado, y la posibilidad cierta de que se produzca un desastre en la central de Fukushima, han hecho recular a los partidarios de esta energía. Medidas como las anunciadas por Alemania y la UE así lo demuestran. Y es que declaraciones como las del comisario Günther Oettinger, con términos como «apocalípsis», hacen muy difícil mantener un discurso que estaba ganando fuerza hasta anteayer, y que sin duda volverá cuando se aplaquen los ecos del tsunami japonés.

En este contexto, ayer se produjo en el Parlamento de Gasteiz una votación en la que todos los grupos, a excepción del PP, exigieron el cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña, una petición que no es nueva en esta sede, y que, sin duda, comparte la mayoría social de este país. Sin embargo, no hay que perder de vista que una enmienda de PNV y CiU a la Ley de Economía Sostenible, apoyada por el PSOE, abre la puerta a la posibilidad de ampliar la vida útil de las centrales, y que la opción de prorrogar una vez más la licencia de Garoña ya ha sido puesta sobre la mesa. Para que esto no suceda, sin esperar a 2013, los agentes que siempre se han posicionado a favor del cierre deben decir una vez más que a la central burgalesa hace tiempo que le llegó su hora.