Iñaki Nuño, al igual que otras muchas personas deficientes visuales o que padecen algún otro tipo de minusvalía, trata de ganarse la vida vendiendo el cupón de la ONCE. Ello es debido a que en pleno siglo XXI, en una sociedad pretendidamente avanzada como es la vasca, apenas existen alternativas reales de empleo en el mercado laboral ordinario para personas con discapacidad.

Pero Iñaki Nuño, una persona comprometida con el movimiento vecinal gasteiztarra, militante sindical y miembro del comité de empresa por LAB, no ha sido ni es del gusto de los gestores de la ONCE y, como consecuencia, ha perdido cuatro veces su empleo y ha sufrido un destierro, sin que de nada hayan servido sendas sentencias judiciales estableciendo la improcedencia de uno de los despidos y la nulidad de otro. La ONCE, dejando clara su manifiesta animadversión hacia su persona, ha vuelto a dejar a Iñaki en la calle privándole una vez más de su único medio de subsistencia y ha optado, al igual que en otras ocasiones, por contratar los servicios de un afamado abogado de postín madrileño y abonar una más que generosa minuta (que difícilmente alcanzaría Iñaki en largos meses de trabajo) para defender la procedencia del despido, antes que dedicar ese importante esfuerzo económico a la continuidad de la relación laboral.

Sin embargo, ésta y otras actuaciones son coherentes con la lógica de la gestión de una entidad, la ONCE, ajena al compromiso social y la solidaridad. El Gobierno de Gasteiz, así como el Parlamento vasco y los grupos políticos que lo conforman tienen preciso y perfecto conocimiento de estos hechos y hasta la fecha no se ha producido ninguna manifestación de condena, rechazo, preocupación o desacuerdo respecto a actuaciones de injusticia como la presente. Al contrario, a menudo se han aplaudido a coro estas tropelías.

Corresponde al Gobierno Vasco en primera instancia la responsabilidad máxima ante hechos que vulneran los derechos básicos de la ciudadanía, y es la consejera de Asuntos Sociales la que directamente debe actuar para reponer en sus derechos al ciudadano Iñaki Nuño, al tiempo que establezca políticas públicas de empleo para personas discapacitadas, dejando de lado de una vez y para siempre esa tarea en guetos como la ONCE.

Por otra parte, emplazo públicamente a la señora Zabaleta, intrépida e incansable perseguidora de sospechosos defraudadores pobres, para que se emplee con el mismo rigor y diligencia con directivos de la ONCE en la Delegación territorial del País Vasco, como Basilio San Gabriel y Cristino Burgoa, quienes, además de percibir una sustanciosa pensión por incapacidad derivada de su anterior trabajo, ingresan miles de euros al mes por sus servicios en la ONCE. Estas situaciones no son compatibles con unas exigencias de honestidad pública. Para mayor gravedad, es de señalar que los mencionados emolumentos son opacos a la sociedad al no estar recogidos ni en los presupuestos de la ONCE ni en su convenio laboral. ¿No son defraudadores los que así actúan y los que les apoyan con fondos públicos?

Es paradójico e increíble que personas situadas en puestos relevantes de gestión y que en teoría deberían velar por la consideración e integración de las personas que al igual que ellos padecen algún tipo de discapacidad, se dediquen a explotarlas laboralmente y en muchos casos negarles el único medio de vida.

Somos miles las personas de Euskal Herria que, excluidas del mercado laboral, nos encontramos irremediablemente abocados a participar y depender de una organización-gueto como la ONCE, por una insólita dejación de las administraciones públicas, que mantienen una situación de segregación y abandono como en ningún otro país europeo.

En Hego Euskal Herria seguimos aferrados a un modelo surgido y desarrollado a la par que el franquismo, en contraposición con todas las políticas públicas implementadas en Europa para la socialización, integración de personas discapacitadas. Por tanto, los vascos y vascas con discapacidad visual necesitamos la independencia de Euskal Herria para poder decidir libremente nuestro modelo de desarrollo social y personal para trabajar y vivir que nos corresponde.

Al contrario de lo sucedido en las últimas siete décadas, no permitamos que se nos excluya y discrimine nunca más, luchemos por la plena integración social y laboral de todas las personas con discapacidad cuya aportación se hace necesaria en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, desechando de manera rotunda y definitiva propuestas segregadoras como las que representan la ONCE y su cupón.