La Ley de Cajas Vascas sigue las instrucciones de Madrid para bancarizar al sector
El Anteproyecto de Ley de Cajas Vascas sigue los pasos de Madrid para avanzar hacia la bancarización y privatización, con lo que perderían su carácter social. El texto apoya la creación de fundaciones privadas que gestionen la obra social, modifica la composición de las asambleas dando entrada a representantes del Parlamento y Juntas Generales, otorga una representación más fuerte a los impositores de fuera de la CAV y da mayor presencia a los empresarios.
Juanjo BASTERRA |
A la tercera parece que será la vencida. El director de Finanzas del Gobierno de Lakua, Miguel Bengoechea, ha remitido a los comités de BBK, Vital y Kutxa el «Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi». La semana pasada también lo envió, pero a las 24 horas lo retiró. El texto de la semana pasada y el actual es el mismo. Estas contradicciones en el seno del Gobierno de Patxi López podrían tener relación con las negociaciones que está llevando a cabo con el PP y el PNV para la redacción definitiva de esta ley, que se supone que se preparará para cuando se produzca la fusión de las tres entidades financieras vascas, posiblemente a través de un banco.
El texto, por lo general, sigue las instrucciones que el Gobierno español fijó en el Real Decreto-ley 11/2010 de 9 de julio que tiene como objetivo la capitalización de las cajas facilitando el acceso a recursos privados y, por otro lado, a la profesionalización de los órganos de gobierno. Se ha perdido, según el anteproyecto, otra oportunidad para fijar un modelo social y un sistema financiero vasco propio.
El anteproyecto avanza en la bancarización de las cajas, lo que las convertirá en privadas, y obligará a crear fundaciones privadas para gestionar la obra social de las mismas. El articulado reconoce que las cajas «podrán desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio financiero. Igualmente podrán aportar todos o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo».
Admite que «las cajas podrán acordar la segregación de sus actividades financiera y benéfico-social» y destaca que «a tal efecto traspasarán todo el patri- monio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última», por lo que «se transformarán en una fundación de carácter especial, perdiendo su condición de entidad de crédito», como refleja el texto oficial.
El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Gasteiz autorizará la creación de nuevas cajas o bancos. Una vez que se fusionen las cajas o creen una nueva entidad bancaria tendrán seis meses para la elección de los órganos de gobierno desde la aprobación de los estatutos y reglamentos, como fija el anteproyecto de ley.
Las cajas vascas podrán emitir cuotas participativas, lo que permitirá que entre capital privado en las mismas, y no se permitirá que los cargos de sus órganos de gobierno se compatibilicen con los de cargo político electo y alto cargo de las administraciones públicas.
La asamblea general tendrá entre 60 y 160 compromisarios, como establece la legislación española a este respecto. Según el texto, el 47% de la representación en esa asamblea general será de los impositores, los clientes de las cajas; el 17% será de las corporaciones municipales, que hasta la fecha disponían de un 30%; las entidades fundadoras dispondrán del 12% de representatividad; los empleados se mantienen en un 7% de representación y se da paso a las Juntas Generales (6%) y al Parlamento de Gasteiz (6%).
Además, entre las entidades representativas, se fija un 6% de representación. En el texto se posibilita que los empresarios tengan una representación mayor, incluso, que los sindicatos.
Las asambleas tendrán una composición de entre 60 y 160 compromisarios, según indica el anteproyecto, que se rige por la legislación española. Esta nueva legislación prepara lo que será en un futuro la fusión de las tres cajas vascas, seguramente a través de un banco.
«Las cajas podrán acordar la segregación de sus actividades financiera y benéfico-social mediante el régimen previsto», para transformarse en «fundación de carácter especial, perdiendo su condición de entidad de crédito», indica el texto oficial.
Una vez conocida la última versión del anteproyecto, LAB denunció que el Gobierno de Patxi López «pretende introducir unos criterios de representación sectorial en los órganos de gobierno de las cajas que resultan claramente excluyentes, antidemocráticos y alejados del compromiso del territorio».
La central sindical sitúa la crítica en la composición de las asambleas generales, dado que se dará cabida a entidades representativas de intereses colectivos, de carácter científico, social benéfico, económico o profesional. Tendrán una representación del 6%, «pero el reparto no atiende a criterios democráticos». A juicio de LAB, «los intereses patronales están sobrerrepresentados con un 1%, el mismo valor que se asigna a las organizaciones sindicales del Consejo Económico y Social».
La central que lidera Ainhoa Etxaide recuerda que «es una burda maniobra urdida por el Gobierno de Patxi López con el único objetivo de profundizar en la estrategia de usurpación ilegítima de la representación sindical». LAB asegura que el Gobierno de Gasteiz «intenta extender diferentes mecanismos para validar los acuerdos alcanzados con la minoría sindical, concediendo así al sindicalismo pactista y de acompañamiento el monopolio de la representación sindical en recompensa por los favores prestados».
También denuncia el propósito de «potenciar» la representación de municipios e impositores de fuera de la CAV, por lo que exige una rectificación y que se apoye el modelo social de las cajas. Así, pide que las asambleas lo rechacen. J. BASTERRA
