Los pensionistas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se movilizarán el día anterior en que el Parlamento español complete el trámite de aprobación de la reforma del sistema público de las pensiones. La fecha de dicho trámite, necesario para la entrada en vigor de la reforma, no se ha anunciado aún por lo que las plataformas de pensionistas de los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria han llamado ya a sendas concentraciones ante las delegaciones del Gobierno español en cada uno de los territorios la víspera de la fecha que se fije para dicho acto.

Así lo anunció ayer Patricia Alvarez, miembro de Bizkaiko Pentsionistak Martxan, en nombre de todas las plataformas que ofrecieron una rueda de prensa en Donostia donde, una vez más, mostraron su rechazo a la reforma ya que, entre otras cuestiones, eliminará a un importante número de personas del derecho a tener una pensión, aumentará el número de personas que estarán por debajo del umbral de la pobreza e incrementará la desprotección social, según denunció Alvarez. En definitiva, subrayó que las consecuencias del pacto «llamado social y económico» serán muy negativas «para las pensiones presentes y futuras».

Gestionarlas en Euskal Herria

Asimismo, los pensionistas sostienen que la reforma de las pensiones «sólo responde a los intereses de la banca y las grandes compañías de seguros, que pretenden conseguir nuestros ahorros por medio de la liquidación del sistema de Seguridad Social y la creación masiva de fondos de pensiones privados». En este sentido, Alvarez incidió en que «el sistema de Seguridad Social no está en crisis como dicen» por lo que sentenció que «para que el mantenimiento de las pensiones futuras sea viable tenemos que conseguir que se gestionen en Euskal Herria, con la participación y control de organismos sindicales y sociales».

Por ello, «no podemos estar con la conciencia de derrota por este duro ataque a nuestras pensiones», sostuvo Alvarez para afirmar que es momento de seguir luchando para recuperar el terreno perdido, así como para seguir forjando lazos de colaboración y solidaridad con todos los pensionistas que deseen apostar por una serie de reivindicaciones como son que ninguna pensión esté por debajo del umbral de la pobreza, que los servicios sociales públicos sean de calidad y financiados por los presupuestos públicos, el rechazo al copago de los servicios sanitarios y la aplicación del derecho a decidir las pensiones en Euskal Herria.

Junto a ello, reclamaron una política fiscal justa y progresiva para financiar los servicios públicos y las pensiones. Así, de cara a la declaración de la renta de 2010 exigieron que la deducción a los mayores de 65 años se extienda a todas las personas jubiladas y pensionistas, amortiguando así los efectos que la congelación de las pensiones tiene sobre su poder adquisitivo. Asimismo, Alvarez instó a las diputaciones forales y al Gobierno de Nafarroa a que adecúen las normas fiscales para mejorar la situación que padecen y anunciaron que se movilizarán al respecto.