La Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE) considera que con el recorte del 20% en la subvención nominativa del Gobierno de Gasteiz «se está ahogando económicamente» a la entidad con 25 años de historia. «La crisis económica no explica por sí sola esta reducción. Se trata de falta de voluntad política -subrayó ayer en rueda de prensa el presidente, Batiste Ezeiza-; se trata de que el actual Ejecutivo no apuesta por el Consejo».

Ezeiza explicó que la red de asociaciones ha arrancado 2011 con un déficit de 24.727 euros, lo que limitará su plan de trabajo, a pesar de que ha reducido al máximo proyectos y actividades. Además, ha afectado a la contratación y ampliación de jornada del personal a su cargo.

Si en 2009 el Gabinete Ibarretxe dispuso 331.000 euros para esta plataforma integrada por 55 colectivos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, para 2010 el nuevo Gobierno autonómico rebajó la cuantía a 294.000 -37.000 euros menos-; es decir, la redujo en un 11,2%.

Para este ejercicio, el Ejecutivo de Patxi López ha vuelto a mermar su subvención nominativa, principal fuente de financiación del Consejo (el 74,4% de los ingresos totales), hasta los 265.000 euros, lo que supone 29.000 euros menos; un 9,7% menos respecto a 2010.

En cuanto a los convenios con las tres diputaciones, que aportan otro 21,3% del presupuesto anual del organismo, no se prevén reducciones, como tampoco de los ingresos que proceden de las cuotas de los miembros.

Ezeiza resaltó que Lakua ha suprimido una quinta parte del apoyo que prestaba a la red, por lo que necesita casi 25.000 euros para llevar a cabo su trabajo. Pero la falta de sintonía de los actuales gestores de la Administración autonómica no se refleja tan sólo en el capítulo económico, también en el papel que quiere que juegue la red asociativa una vez que se apruebe por la Cámara de Gasteiz la Ley de Juventud, que pretende presentar al Parlamento en mayo, según las últimas previsiones.

El presidente del Consejo informó de que, en su cuarto borrador, la Ley contempla crear un Instituto de Juventud, sin detallar el papel que deberá jugar la rica red asociativa. Esta indefinición del modelo en la legislación preocupa, ya que se avanza que los responsables autonó- micos lo concretarían luego a través de decretos.

Ezeiza apostilló que el Gobierno de López pretende aplicar en la CAV un modelo desarrollado en otras autonomías españolas. «Se perfila el papel de los colectivos juveniles más como receptores de una política que como agentes activos en su desarrollo», remarcó en su comparecencia pública de ayer, arropado por integrantes de diferentes colectivos.

Asimismo, el Ejecutivo ha pedido al CJE que cambie su actual figura jurídica, así como la ley y el decreto que rigen su actividad, «lo que podría afectar a su actual autonomía de funcionamiento», según precisaron desde su Comisión Permanente.

A todos estos hechos que corroborarían la «falta de voluntad política» de mantener el actual modelo de la entidad les sumaron que, «al contrario que en ejercicios anteriores, formar parte del Consejo de la Juventud de Euskadi ya no se valora positivamente para optar a algunas de las subvenciones de la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco».

La Comisión Permanente también quiso salir al paso de los reproches, en los que se le acusa de gastar mucho en perconal y poco en proyectos. Añadió que «es verdad que el Consejo de la Juventud de Euskadi gasta la mayoría de su presupuesto en personal, lo que significa que gasta la mayoría también en proyectos, porque es precisamente el personal el que lleva a cabo esos proyectos».

«La solución para atribuir más gastos a proyectos y no a personal no sería otra que subcontratar la edición de materiales, la organización de jornadas o la impartición de talleres» ofreciendóselo a una empresa, apostilló.