LEGALIZACIÓN DE LA IZQUIERDA ABERTZALE
Sortu alega que el debate supuso la «irreversible ruptura» con el pasado
Sortu presentó ayer sus alegaciones ante el Tribunal Supremo, en las que reitera que el debate habido en el seno de la izquierda abertzale supuso «una irreversible ruptura» con el pasado. El escrito de sus abogados denuncia además que los informes policiales pecan de una «evidente parcialidad y falta de objetividad», por cuanto ocultan elementos esenciales de ese debate. Tras repasar la jurisprudencia existente, asegura que no hay motivos para la no inscripción.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Sortu presentó ayer sus alegaciones ante las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Se trata de un documento de 245 folios firmado por los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, que hace especial incidencia en que el debate vivido en el seno de la izquierda abertzale y que dio lugar al nacimiento de la nueva formación política supuso una ruptura con el pasado, tanto en cuanto a estrategia como en cuanto a formas organizativas.
El escrito, ampliamente documentado, refuta la acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de que todo el proceso ha sido tutelado por ETA. Sostiene que, al contrario, en el seno del debate «se produjeron discrepancias y disensiones, que permiten constatar que la nueva estrategia aprobada por la izquierda abertzale no refleja ni recoge los planteamientos de aquella organización, sino posiciones enfrentadas y divergentes».
Basándose en los documentos aportados por las fuerzas policiales y que éstas atribuyen a ETA o a Ekin, los letrados señalan que la conclusión a la que se llega es totalmente la contraria a la aceptada por la Fiscalía y al Abogacía. Sostienen que «la creación de Sortu constituye una evolución propia, discrepante y enfrentada a las tesis de ETA, de aquellas personas y colectivos que perteneciendo a la izquierda abertzale pretenden actuar en la legalidad»
Además, acusan a los informes policiales de haber eliminado de los borradores utilizados por la propia Guardia Civil la existencia de la ponencia Mugarri, queriendo así ocultar la existencia de posiciones discrepantes en el debate. Según la defensa de Sortu, esta manipulación en los informes policiales, así como otras detectadas, evidencian «la parcialidad y falta de objetividad de sus autores».
Presunción de legalidad
La alegación presentada ayer repasa con minuciosidad la jurisprudencia que ha ido creando el propio Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los requisitos para la legalización de un partido o para no ser considerado como continuidad de otros ilegalizados, y demuestra que Sortu cumple con todos esos pará- metros.
Reconoce que Sortu surge de la izquierda abertzale con las personas de la izquierda abertzale y se pregunta «cómo puede entenderse que la izquierda abertzale se transforme en un partido democrático sin la gente de la izquierda abertzale».
Lo que ha habido, se aclara, es una transformación de esa izquierda abertzale. «Sortu ha nacido porque ha existido previamente ese debate en el seno de la izquierda abertzale en el periodo de octubre de 2009 a febrero de 2010». «Un debate -se añade- que ha conllevado una evidente discrepancia de posiciones con las promovidas y defendidas por ETA en aquellas fechas, muy en particular con la de mantener una estrategia político-militar y seguir utilizando la `lucha armada', cuestión nuclear en la que se ha materializado una irreversible ruptura».
Después enfatiza que «Sortu nace de ese debate, y por los términos en que se ha planteado el nuevo partido, se ha convertido ya en un instrumento válido y eficaz para poner fin a la violencia de manera definitiva».
En su apartado de conclusiones, el escrito de alegaciones recoge que «los estatutos de Sortu y su legalización conducirán al fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado, porque suponen la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad, y cualquiera que sea el proceso de su desaparición es evidente que ésta se acelerará».
Sonia «ikutu gabe»
El informe de los abogados de Sortu también contradice las «pruebas» personales presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Por ejemplo, sobre la supuesta aparición del nombre de Sonia Respaldiza en documentación incautada a Ibon Fernán- dez Iradi, Susper, señala que las fuerzas policiales no pueden alegar dificultades para la desencriptación de su identidad, pues es la misma que otras que dieron lugar a detenciones en 2003 y 2004. Pero lo que es más llamativo, denuncian que en el documento presentado, junto al nombre de Sonia Respaldiza, se ve entre paréntesis «ikutu gabe», lo que en castellano significa «sin tocar», lo que «indica de manera diáfana» que ni ETA ni sus colaboradores se habían puesto en contacto con ella.
En cuanto a la conversación de José María Compains con su hijo en la cárcel, señalan que las conclusiones de los demandantes son «absolutamente arbitrarias y absurdas y causarían hilaridad». Pero, lo que es mas grave, denuncian que Compains es abogado y figura como defensor en el sumario de su hijo y, por lo tanto, la conversación sólo podía ser grabada con una orden judicial que no existe, por lo que además de una vulneración del derecho a la defensa, nos encontramos ante una prueba nula.
Por todo ello y otros muchos puntos recogidos en el amplio informe, la representación jurídica de Sortu exige la declaración de que no hay sucesión alguna y la consiguiente ins- cripción en el registro.
Pulso firme y mano tendida
(...) Después de décadas en que España ha sufrido por la herida sangrante del País Vasco, ahora que se atisban pasos decisivos en la pacificación, la política española en vez de hacer un ejercicio de responsabilidad y prudencia ante lo que ocurre, está alardeando de la peor política imaginable.
Por una parte, la derecha y los recursos mediáticos y de otro tipo que posee parecen empeñados en que la experiencia fracase. ¿Por qué? ¿Qué es lo que temen? (...)
El problema es que el Gobierno y el partido que lo sostiene no están libres de culpas. (...) Arrugarse, plegarse ante el ambiente creado por la derecha puede dar una apariencia de consenso que siempre es buena. Pero el actual consenso es falso, un consenso negativo: si se acepta lo que dice el PP, bien; si se hace lo que no le gusta, acoso y derribo contra el Gobierno.
(...)¿Acaso no se ha visto obligado Zapatero a tomar determinadas medidas sabiendo que eran costosas, pensando en el futuro del país? En cambio, en materia antiterrorista creo que ha optado por no molestar a la derecha. ¿Por electoralismo? Más bien por falta de valentía.(...)
Con la legitimidad que me da ser uno de los más firmes defensores de la Ley de Partidos, el clima de alarmismo y presión a la que se está sometiendo a la opinión pública, y a fin de cuentas a los tribunales, sobre una posible legalización de Sortu, sembrando argumentos demagógicos y temores falsos, es una irresponsabilidad.
La Ley de Partidos se hizo para ilegalizar, pero también para legalizar si se cumplían sus condiciones. Los tribunales decidirán, y supongo que decidirán bien, pero no se está jugando con la frialdad y prudencia que exige un tema y un momento tan importante.
Pero, quizás, lo de menos es la cuestión de la legalización. Lo malo y lo peligroso es la ceguera que se está demostrando ante lo que ocurre en Euskadi y a su izquierda abertzale.
Por mucho ruido que se haga para ocultarlo ningún político serio que conozca el País Vasco puede negar que Batasuna ha optado por el adiós a las armas y que eso nos lleva antes que después al fin de ETA. Menos aún, ningún político serio puede olvidar que estas cosas no son irreversibles, que desde la política y las instituciones se pueden hacer cosas decisivas para facilitar, dificultar o dejar pudrir esa evolución.
Pienso sinceramente que ante el empuje de la derecha y la debilidad del socialismo se ha optado por la pasividad ante lo espinoso y arriesgado de la cuestión. Los que tanto han sufrido con el terrorismo y los que tanto han luchado contra él no se merecían esto.
La representación legal de Sortu considera innecesaria la celebración de una vista oral como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado, puesto que las pruebas son documentales. Además, es evidente que ello alargaría el proceso de legalización.
Según informaciones de agencia, la Sala del 61 del Tribunal Supremo podría comenzar hoy mismo a estudiar el asunto. El ponente será Carlos Lesmes, quien fuera alto cargo de Justicia en gobiernos de José María Aznar.
El dirigente independentista Rufi Etxeberria defendió la inmediata legalización de Sortu puesto que sus estatutos son legales. En una entrevista en Euskadi Irratia, apuntó que «el Estado y el Gobierno español tienen un enorme vértigo a afrontar la nueva realidad política abierta tras los pasos dados por la izquierda abertzale. La postura que han tomado es la de no aceptar esta nueva realidad política, y las medidas que toma y la dialéctica que utiliza el Gobierno pretenden negar que se ha abierto esa nueva realidad. El problema está ahí, y es que el Gobierno quiere negar una realidad porque aceptarla le llevaría a dar nuevos pasos y a modificar la estrategia». GARA
Jesús Eguiguren volvió a agitar ayer el escenario criticando la falta de valentía de José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE le replicó y el PSE le matizó, comprensivo. El PP cree que hay un reparto de papeles por interés electoral.
El presidente del PSE dio el aldabonazo publicando un artículo en «El País» en el que criticaba la «falta de valentía» del presidente del Gobierno español al afrontar la legalización de Sortu al haber optado por «no molestar a la derecha».
El artículo suscitó una cascada de reacciones. El PSOE salió en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP y otras asociaciones de la derecha quisieron sumar las palabras de Eguiguren a la entrevista de Patxi López del domingo, y surgió la habitual retahíla de graves acusaciones contra los dirigentes del PSE.
Pero fuera de micrófono, los dirigentes del PP consideran que existe un reparto de papeles, una estrategia electoralista. El PSE querría atraer un cierto voto vasquista en la CAV, mientras que el PSOE mantiene el discurso de la dureza más firme contra el nuevo partido de la izquierda abertzale y cumple con el Pacto Antiterrorista suscrito con el PP.
El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, calificó de «injustas» las palabras de Jesús Eguiguren y le respondió que la legalización o no de Sortu «no es una cuestión de valentía» por parte del Gobierno, sino «de legalidad».
El PSE quiso al mediodía equilibrar su defensa del presidente del Gobierno español y del presidente de su partido. En un comunicado, dijo «no compartir» la critica de «falta de valentía» hecha a Rodríguez Zapatero, pero sí las acusaciones realizadas contra el PP. Además, el PSE defiende la buena voluntad de Eguiguren.
La portavoz del Gobierno de Lakua, por su parte, señaló que su estrategia la marca el lehendakari, Patxi López, y no Jesús Eguiguren.
Pese a la diferenciación realizada por Idoia Mendia entre la doctrina de Eguiguren y la del lehendakari, desde la dirección del PP en Madrid sostienen que todo forma parte de una estrategia electoral.
Pero hay también lecturas mucho más drásticas. Rosa Díez, por ejemplo, ve «repugnante» que el PSE (y ahí incluye a Eguiguren y López) quiera «indultar» a ETA y critica el «silencio cómplice» de Zapatero. La AVT dice que al presidente «le falta valentía» para expulsar a Eguiguren, mientras que a Patxi López lo definió como «abogado defensor» de ETA-Batasuna. También Dignidad y Justicia atacó a los dos, mientras que el SUP acusa a Eguiguren de presionar al PSOE «para ser cómplice de los asesinatos» y CEP le ve «secuestrado» por Batasuna. GARA
