La legalización o no de Sortu depende de la credibilidad que se otorgue a la apuesta de la izquierda abertzale. Ése podría ser el resumen de la declaración de cuatro agentes de la Policía y la Guardia Civil ayer ante el Supremo, en la primera sesión de la vista oral sobre el caso. No hay elementos objetivos que apunten a que el nuevo partido incurra en alguna causa de ilegalidad, sus promotores están «lim- pios», la izquierda abertzale no oculta que es iniciativa suya porque no tiene nada que ocultar, el rechazo a la violencia -incluida la de ETA- es un hecho... Todo eso se aceptó ayer ante la Sala del 61. ¿Qué falta entonces? Simplemente, que agentes como el número 19.242 de la Policía española, y por extensión la Fiscalía y la Abogacía del Estado, no se lo creen... o no se lo quieren creer.

La sesión tuvo un pequeño golpe de efecto que dice mucho sobre cómo se han elaborado estas demandas. La defensa de Sortu, encarnada por Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, desveló que el día en que se presentaron los informes policiales contra el nuevo partido pasó algo raro. Unos periódicos publicaron una versión; otros, una que era casi idéntica pero estaba recortada. Se había suprimido justo todo lo relativo al debate interno de la izquierda abertzale.

La pregunta es obvia: ¿Existió un borrador del que se eliminó intencionadamente toda esta parte porque contradice la tesis de que Sortu es igual que Batasuna? El guardia civil S22535N se fue por la tangente: dijo que no conocía ese informe, publicado por diarios del Grupo Vocento. Y añadió que «alguien le ha metido un gol al periodista». Cuando Araiz le planteó si el supuesto intoxicador no se había tomado mucho trabajo para eso, improvisó otra versión: «A vedes hay gente que hace esas filtraciones ex profeso para detectar vías de escape...».

Las convicciones policiales

El episodio constituye más que una anécdota, porque la tónica general de los informes policiales y de las posteriores demandas de Fiscalía y Abogacía del Estado ha sido pasar por alto ese debate interno que ha fijado una nueva estrategia. Esta sospechosa ausencia ha sido denunciada por la defensa de Sortu en sus alegaciones, así que ayer los demandantes tuvieron que esforzarse para cubrir ese flanco. Y esto hizo que la sesión girara exclusivamente en torno a la posición de la izquierda abertzale, que es el meollo real del debate de la legalización.

Los agentes intentaron sostener la tesis de que todo sigue igual, pero cada hecho concreto que se ponía sobre la mesa llevaba a la conclusión contraria. El máximo responsable del informe de la Policía española, que dijo tener 29 años de experiencia en estos temas, admitió que le pareció «muy fuerte» lo que se decía en el documento ``Clarificando la fase política y la estrategia'' que puso en marcha el debate interno en noviembre de 2009. «Nunca lo había visto escrito en blanco sobre negro», puntualizó.

Aunque a regañadientes, confirmó también que en el proceso se dio otro paso, ya que previamente se defendían las vías políticas como «fundamentales» pero en las conclusiones de ``Zutik Euskal Herria'' pasaron a ser ya «las únicas». A preguntas de Iñigo Iruin, admitió también que «antes nunca se había debatido la estrategia político-militar» y subrayó varias veces que es indudable que se produjeron divergencias y tensiones en ese debate.

Al final, su tesis se sostuvo sólo por lo que Patxi López calificó ya hace dos semanas como «hilos». El policía alegó que también en otras ocasiones se han producido «parones» en la utilización de la lucha armada y luego se ha reiniciado. Citó también que ETA «ha dado el plácet al final, aunque no estuviera de acuerdo. Quizás quiere dar una oportunidad a esta estrategia». Y abundó en que cree que «ha habido un acuerdo» entre todas las partes, aunque no aportó prueba. Como conclusión, tras más de dos horas de dimes y diretes, dijo: «Yo no veo un cambio de estrategia», pero matizando a continuación que «es posible que esté equivocado».

El otro principal testigo era el responsable del grupo de la Guardia Civil, que declaró durante dos horas y media, en tono más tajante pero aparentemente con menores conoci- mientos del tema que su homólogo de la Policía. No pasó desapercibida la amplia coincidencia entre los dos discursos, incluso en algunas expresiones textuales. El guardia civil incidió también en que él no aprecia «ruptura» y recalcó que las discrepancias internas se han resuelto, por lo que entiende que cabe hablar de continuidad Batasuna-Sortu.

Pero cuando se descendió a la realidad de los hechos concretos, se vio también en dificultades para sostener la hipótesis. Admitió que hay afirmaciones nunca oídas y posiciones nunca vistas («efectivamente el rechazo a ETA es una novedad»), aunque matizó acto seguido que «en 2004 también hubiésemos dicho que Arnaldo Otegi contradecía a ETA cuando salió con la rama de olivo en el Velódromo de Anoeta».

Ambos expusieron que la diferencia principal en el debate se refería a cómo poner en marcha el proceso democrático (sobre el que el agente 19.242 recalcó que «no pongo en duda su legitimidad»). Dijeron que la izquierda abertzale apostó fuerte por echarlo a rodar ya, mientras que ETA quería forzar antes al Estado, para que negociara, a través de la lucha armada. Así las cosas, aceptaron que la organización armada ha asumido finalmente esa hoja de ruta, pero añadieron que «no tiene intención de disolverse; lo que se infiere es todo lo contrario».

¿Sólo como testigos?

La vista arrancó con el sempiterno debate sobre si estos policías son sólo meros testigos o su opinión debe valorarse también como si se tratara de peritos cualificados. El tribunal no responderá hasta el final, pero tomó una decisión que apunta a que quizás los considere sólo testigos: como había pedido Sortu, debieron declarar de uno en uno y no todos en bloque.

Además, el fiscal retiró uno de los indicios: la cuenta bancaria de un promotor de Sortu. Constató que efectivamente era para ayudar a miembros de la Facultad de Informática de Ibaeta.