El PSE presentó el pasado 16 de febrero una proposición no de ley para «defender el modelo autonómico» frente a las «voces neocentralistas que lo cuestionan abiertamente». José María Aznar había dicho días antes que no se puede competir en el mundo con «17 mini-Estados» y que «sin reforma autonómica, España será un socio de segunda en la UE». Quizá para marcar diferencias con el PP o para obligarle a retratarse, el PSE introdujo su iniciativa planteando que «los ataques al Estado autonómico son también ataques a la propia autonomía vasca».

Por ello, en el pleno de mañana saludará los «avances económicos y sociales» alcanzados durante los treinta años de Estatuto; y busca el compromiso para «defender el marco general, y constitucional, en el que se inserta nuestro autogobierno». Plantea, además, que la Cámara inste a Lakua a «denunciar el clima de opinión» que se estaría creando «contra el modelo autonómico» y «contribuir al perfeccionamiento del Estado de las Autonomías, en clave cooperativa y con respeto al principio básico de lealtad institucional».

La proposición del PSE es noticiosa por dos motivos. El primero: que desde que accedió a Ajuria Enea ha presentado como un logro que el Parlamento haya dejado de debatir sobre este tipo de «cuestiones identitarias», propuestas sobre el marco que -según decía el lehendakari, Patxi López hace apenas unos días- «lo único que conseguían era dividirnos y enfrentarnos a los vascos». El segundo motivo es que el PSE no ha conseguido que el PP ni siquiera haya presentado una enmienda a su proposición.

Por contra, todas las fuerzas abertzales -que suman la mayoría del voto popular representado en la Cámara- han hecho propuestas en defensa del derecho a decidir y a poder materializar todos los proyectos políticos, incluida la independencia.

Es decir, en lugar de conseguir que el debate se centre en las ventajas del modelo autonómico frente a otro más centralizador -un debate quizá probable en el ámbito del Estado español o en autonomías bipartidistas donde sólo están representados PSOE y PP-, la cuestión va a objetivarse en torno al agotamiento de este marco y la necesidad de superarlo.

Porque el PNV ya ha presentado una enmienda en la que, aunque «valora positivamente» la capacidad de gestión lograda con el Estatuto, denuncia que ha sido incumplido, lo que «ha provocado que desaparezca el consenso que le dio origen». Por ello, insta al Parlamento a defender un nuevo marco que posibilite que todos los proyectos sean no sólo defendibles, sino también materializables.

Aralar propone proclamar «el derecho del Pueblo Vasco a decidir su propio futuro y a materializar el proyecto político que concite el apoyo mayoritario de la sociedad, libre y democráticamente expresada».

La enmienda de EA plantea de valorar los avances logrados desde 1979, pero también constata el agotamiento del marco y reclama «el reconocimiento nacional de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular» de forma que todos los proyectos, incluida la independencia, puedan ser materializados.

EB apuesta por el «cumplimiento íntegro del Estatuto», mientras que UPyD «defiende la racionalización y revisión del Estado autonómico español, con el objetivo de alcanzar un Estado Federal Cooperativo y simétrico, igualitario y solidario» que supere las «desigualdades, despilfarros e ineficiencias» de los últimos años.