La Audiencia de Bizkaia ordenó recientemente al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbo que vuelva a investigar la denuncia de dos mujeres que fueron testigos de una actuación de la Policía Municipal de Bilbo y a quienes se arrestó, lo que las afectadas consideran como detención ilegal. Este caso fue denunciado por diferentes organismos sociales, que ya advirtieron de que el Ayuntamiento, en lugar de depurar responsabilidades en el seno de la guardia urbana, proseguiría con la batalla en los tribunales.

Con ese objetivo, el equipo de Iñaki Azkuna ha contratado los servicios de un prestigioso abogado, Javier Beramendi, vinculado en los últimos años a casos de gran transcendencia en la opinión pública, como los que recientemente sentaron en el banquillo al ex director de Inspección de la Hacienda vizcaina, Juan Ramón Ibarra, y al ex director financiero del Museo Guggenheim, Roberto Cearsolo.

Según se desprende de esa decisión, los responsables municipales no confían en los servicios jurídicos del Ayuntamiento y ponen la defensa de los cuatro agentes en manos de Beramendi, lo que lleva aparejado el abono a cargo de las arcas públicas de su minuta, que fuentes del propio Consistorio estiman elevada.

Beramendi, apuntan desde el movimiento asociativo, está relacionado con procesos por supuesta corrupción de personas vinculadas al PNV de los últimos años u otros del pasado, como el «caso Azpiegitura». Y citan su relación de parentesco con altos cargos jeltzales, ya que es cuñado del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao.

En la sentencia de la Audiencia de Bizkaia, del 25 de enero, se ordenó «la reapertura del caso por considerar que hay indicios de que se ha podido cometer un delito de detención ilegal». La Sala consideró que calificar como delito de desobediencia grave la actitud de las dos mujeres -que se limitaron a observar el cacheo de un joven inmigrante- «parece absolutamente exagerado y, más bien, se configura como un pretexto para detener a las recurrentes».