Los abogados que representan a Sortu en el trámite hacia su legalización probablemente sufran una mezcla de frustración y cansancio al tener que rebatir argumentos del peso jurídico como «el hábito no hace al monje», lanzado ayer por Antonio Narváez, representante de la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Los letrados, con una amplia experiencia en estas lides, saben además que frente al pormenorizado trabajo que se ven obligados a hacer cada vez que se sientan ante una sala como la del 61, sus oponentes apenas necesitan recitar un par de consignas y lugares comunes, porque en estos procesos la razón de Estado pesa más que los razonamientos jurídicos.

Sin embargo, en esta ocasión a los magistrados del Alto Tribunal les va a resultar muy complicado construir un fallo contrario a la legalización de un partido que cumple con todos los requisitos legales, tal como a estas alturas ha admitido casi todo el mundo, incluso el también juez del Supremo José Antonio Martín Pallín, que ayer se mostró favorable a su registro en una entrevista en una televisión estatal.

Cumplimentado el trámite de la vista oral, todo indica que el fallo se conocerá pronto. Ahora les corresponde a los miembros del tribunal decidir si actúan como jueces o como garantes de intereses políticos. Porque, en cuestiones de democracia, el hábito sí que no hace al monje.