La Sala del 61 delibera ya sobre Sortu tras escuchar los informes de las partes y se espera que decida esta semana o a inicios de la siguiente. El planteamiento de la Fiscalía y la Abogacía del Estado no pivota sobre elementos objetivos, reales y legales, sino sobre una cuestión tan difusa y subjetiva como si creen o no a la izquierda abertzale.

En consecuencia, Iñigo Iruin, abogado de Sortu, subrayó que «la cuestión es sencilla siempre que no la compliquemos». Comenzó recordando que dos de los cuatro parámetros estipulados para estimar continuidad con formaciones ilegalizadas ni siquiera han sido esgrimidos por los demandantes. Quedan otros dos: similitud con miembros de partidos anteriores y posición ante la acción de ETA.

Sobre el primer aspecto, recordó que no hay fraude posible, citando para ello declaraciones como la de Txelui Moreno cuando anunció que «vamos de cara». Pero el propio Supremo ha decretado con anterioridad que «nadie puede impedir a la izquierda abertzale crear un partido político». «No se pretende disfrazar nada -replicó Iruin al fiscal-, Sortu no es pantalla de nada ni de nadie. Sería absurdo porque no tendría ninguna viabilidad en ese caso, como demuestran estos ocho años».

En cuanto al segundo, el letrado vasco mostró su estupor por el modo en que los informes policiales escondieron la existencia del debate interno. Puso como prueba el caso del borrador filtrado a algunos medios y que luego «no se traslada a la superioridad. Hay un corte radical: las páginas 2, 3 y 4 desaparecen. Y ésta ha sido una ocultación deliberada y a sabiendas de la trascendencia que podía tener».

Frente a ello, Iruin puso en valor el proceso interno. «No ha sido un debate cualquiera, ha sido el debate, el debate sobre la estrategia político-militar». Trajo a colación un documento de ETA que ha sido muy usado en esta vista y que apuesta por un ciclo de confrontación armada entre 2009 y 2014, y destacó que frente a ello la izquierda abertzale aprobó una estrategia exclusivamente política.

«Ya no hay disposición para apoyar la violencia de ETA, hay un claro rechazo», recordó Iruin a los dieciséis magistrados. Les hizo ver que la argumentación de la otra parte carece de lógica. Y que el rechazo no es algo retórico, sino que se desarrolla en una serie de compromisos, hasta tal punto que el artículo 9 de la Ley de Partidos ha sido integrado en los estatutos. «Aunque se rompa la tregua, ya no hay marcha atrás», recalcó. Y más aún cuando las últimas reformas legales españolas hacen inviable también cualquier apoyo de electos de Sortu a ETA.

Iruin concluyó remarcando, como decían las alegaciones, que legalizar Sortu consolidará un escenario de paz y garantizará el pluralismo en Euskal Herria. Algo que, recordó, admite incluso «el máximo representante del Estado en el País Vasco», en alusión a Patxi López.

«Como un trasatlántico»

El abogado del Estado había admitido de entrada que la clave de la decisión judicial consiste en valorar si hay un cambio sustancial respecto a anteriores formaciones políticas. «Obviamente, algo se mueve -aceptó-, pero es que siempre ha sido así». En su opinión, en este proceso se advierte entre la izquierda abertzale y ETA «tolerancia mutua, equilibrio estratégico y asunción mutua de las posiciones».

En este contexto, el abogado reiteró varias veces una afirmación sorprendente: «No ha habido debate sobre la lucha armada». «Parece que ha empezado una nueva era; mentira», dijo también.

«Las rupturas deben ser creíbles en política», siguió el letrada, que puso como ejemplo la quiebra entre ETA militar y ETA político-militar, la escisión de EE o la posterior de Aralar. «Pero no es creíble que ahora todos los miembros de la izquierda abertzale apoyen a Sortu, sin dejar un pelo en la gatera, moviéndose como un trasatlántico. La Abogacía del Estado o el Gobierno no somos unos hooligans del Derecho. Cuando se acreditan las cosas reiteradamente, las aceptamos. Pero aquí vemos un fraude», añadió.

Sobre los estatutos de Sortu, los comparó con que «un partido republicano hiciera 50 alusiones a que es monárquico, eso no puede ser». Introdujo al respecto una extraña comparación: «Es como si una persona se presenta ante nosotros con toneladas de jabón: con eso no está limpia, porque para limpiarse hace falta también agua».

Antes de concluir, el abogado del Estado admitió que no debía haber incluido a Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur entre los disidentes víctimas de ETA, como avanzó GARA, ya que esa desaparición sigue sin esclarecerse. Retiró esta mención, pero matizando que «no importa, ETA tiene un amplio catálogo».

El fiscal sospecha de todo

La Fiscalía completó el discurso de la Abogacía. Hizo hincapié en que se trata de un debate muy importante, «constitucional», y que debe abordarse en términos de «proporcionalidad» porque atañe a principios fundamentales como la participación política. «Por eso hemos esperado tanto a presentar la demanda», indicó también sorprendentemente, ya que el fiscal general del Estado anunció que impugnarían a Sortu prácticamente desde el primer minuto.

El fiscal pidió a los jueces que decidan en base a la documentación aportada y no tanto a las declaraciones hechas por los policías el lunes, con lo que implícitamente dejó en entredicho su valor. «Son consideraciones hechas con más o menos acierto -indicó-, pero lo importante son los documentos». Y entre ellos pidió especial atención para papeles incautados a ETA con reflexiones sobre el proceso democrático: «Marcan la senda».

Añadió que ETA «avaló» el documento ``Zutik Euskal Herria'' e incluso la Declaración de Bruselas y el Acuerdo de Gernika, tras lo que llegó a la misma conclusión que la Abogacía del Estado: «No ha habido ruptura».

Para la Fiscalía, todo es sospechoso. Pidió al tribunal que valore por qué Sortu habla de ETA («en los estatutos de Aralar no se le citaba»), que tenga en cuenta que la izquierda abertzale ha admitido la paternidad del nuevo partido sin tapujos o que aprecie como indicio en su contra que los promotores de Sortu «están limpios».