Las cuatro personas que fueron juzgadas ayer por hacer unas pintadas contra el TAV en la carretera de Zizur, comparecieron ante los medios de comunicación para anunciar que no están dispuestos a pagar las multas que solicita el fiscal, que ascienden a casi 20.000 euros. Los activistas hicieron pública esta manifestación de desobediencia a sabiendas de que, si el tribunal confirma la petición fiscal, todos pasarían por la cárcel.

El Ministerio Público pide para tres de ellos 20 meses de cárcel y 4.860 euros por un delito de daños y para el cuarto, 24 meses y 5.400 euros por un delito continuado de daños. De no abonar esas cantidades, las multas se transformarían en más meses de prisión, por lo que todos superarían los dos años.

Antes de que tuviera lugar la vista oral, la Fiscalía propuso un trato a los activistas que pasaba por tramitar las pintadas como una falta de deslucimiento (tal y como era la costumbre en la Audiencia Provincial de Nafarroa), lo cual significaría que las penas de cárcel quedarían reducidas a una localización de entre dos a seis días, aunque deberían pagar 3.600 euros en concepto de indemnizaciones al Ayuntamiento de Zizur. Sin embargo, los cuatro decidieron continuar hasta el final y dejar que el juez sea quien dicte la sentencia.

En la concentración de apoyo que se realizó frente a los juzgados participaron unas cincuenta personas, varias de ellas enmascaradas, para denunciar la injusticia de la petición fiscal y también para reiterar su oposición al macroproyecto ferroviario, así como a las centrales nucleares.

Este acto de protesta también sirvió para animar a la ciudadanía a que se una a la manifestación de este próximo sábado en Iruñea, que partirá a las seis de la tarde desde el parque de Antoniutti.